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Fraude con efecto multiplicador

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Vincent

El millonario fraude en la venta de sellos y comprobantes que investigan las autoridades -si se comprueba- podría dejar viviendas sin registrar, invalidar transacciones comerciales y hasta abrir la puerta a una serie de reclamaciones legales a nivel criminal como civil.Ese fue el consenso de expertos en Derecho, Contabilidad y Administración Pública entrevistados ayer por El Nuevo Día, luego de que, la semana pasada, trascendiera el presunto esquema de fraude.El expresidente del Colegio de Abogados Osvaldo Toledo opinó que, si se confirma que, en efecto, el fraude es millonario, como dijo el presidente de la empresa OPG Technology, Orlin Goble, el impacto legal podría ser enorme."Podría anularse una inscripción. Eso puede envolver millones en inversiones. El que pierde es quien compró los sellos y posiblemente tenga una acción legal porque esto es un sistema que está regulado", dijo Toledo.El contador Kenneth Rivera explicó, por su parte, que la amenaza más grande sería con las transacciones que implican registro de propiedades inmuebles como residencias y edificios comerciales, las transacciones con vehículos y documentación asociada con negocios."Esperemos que, al final del día, la razón prevalezca y esos documentos tengan validez aunque los sellos no sean buenos", dijo Rivera.Goble, en una entrevista reciente con El Nuevo Día, afirmó que la empresa que preside no tiene que ver con el fraude aunque son los que manejan, con carácter de exclusividad, la impresión de los sellos y comprobantes.El empresario indicó que han colaborado con las investigaciones criminales que, a nivel estatal y federal, han iniciado sobre el tema.La situación se da en momentos en que públicamente se cuestiona la fiscalización que Hacienda lleva a cabo de los sellos y comprobantes que imprime la compañía. El 25 de enero, la entonces secretaria de Hacienda Teresita Fuentes renunció a su puesto en medio de una controversia en la que alertaba que Hacienda no podía corroborar cuántos sellos y comprobantes la empresa emitía.El contrato que rige las relaciones entre Hacienda y la empresa establece que la compañía cobra el 3.6% de cada transacción. La ganancia de la empresa se estima en $4.6 millones anuales.El contrato entre OPG Technology y Hacienda había terminado a finales del pasado cuatrienio. Desde el 2014, existían dudas sobre la legalidad del acuerdo. Las partes entonces se enfrascaron en una disputa de derechos de autor sobre los programas usados por la empresa...

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