Freno a la mano dura a la ligera

Por Frances Rosario

frosario1@elnuevodia.com

"Lo voy a chequear todo. Un Código Penal es un proyecto bien grande, no es una ley que se pueda aprobar en un descargue", puntualizó la presidenta de la Cámara, Jenniffer González.

Más lejos fue la presidenta de la Comisión cameral de lo Jurídico, Liza Fernández, al decir que los senadores erraron al eliminar del Código los agravantes en crímenes cometidos por razón de orientación sexual, género y origen étnico.

"Para mí fue un error eliminar ese agravante del Código", expresó. Ante la selectividad en esa eliminación, hará una revisión completa del Código en audiencias que inician mañana.

Otras críticas a la revisión senatorial del Código es que prohíbe el aborto a pesar de que es permitido a nivel federal; reduce las penas contra policías o funcionarios gubernamentales que cometan delitos durante una investigación y elimina la figura del cooperador en la comisión de crímenes.

El representante popular Charlie Hernández -quien en el 2004 estuvo al frente de la revisión del Código Penal como presidente de la Comisión de lo Jurídico-, dijo que parte del problema de la nueva legislación radica en su filosofía contradictoria de "mano dura".

La revisión incluye aumentos en las penas por la comisión de delitos, lo que el gobernador Luis Fortuño ve como disuasivo para los que contemplen cometer crímenes.

Hernández apuntó, sin embargo, que el alza en las penas sería neutralizada por la Ley 208 del 2009, la cual reduce en entre 60 a 84 días anuales el periodo de cárcel de los confinados considerados rehabilitados, que estudien o trabajen.

El legislador echó mano de datos que la Administración de los Tribunales presentó en las vistas conjuntas del Código Penal, los cuales muestran una baja en los casos criminales presentados ante los tribunales. Por ejemplo, en el año fiscal 2004-2005 se registraron 38,290 denuncias, mientras que del 2010 al 2011 se presentaron 26,348, señaló.

"El nuevo Código crea una apariencia de mano dura, mientras les abren las puertas a los convictos con una ley que permite las bonificaciones y, de paso, no están arrestando, no están procesando", afirmó Hernández.

De acuerdo con Hernández, la propuesta para el nuevo Código es leniente con los policías y funcionarios del gobierno que cometen delitos mientras realizan investigaciones. Por ejemplo, el Código vigente impone tres años de prisión al policía que obtenga una orden de allanamiento falsa o haga un arresto ilegal. Pero si se...

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