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De frente alcaldes y la Junta

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Vincent

En medio del pulseo entre el gobierno central y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por el presupuesto, un grupo de los alcaldes de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se reunió ayer con la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, con miras a que ese encuentro les abra la puerta ante los miembros del organismo fiscal para exponer los problemas de los ayuntamientos.Jaresko dejó saber a seis de los nueve alcaldes de la junta directiva del CRIM que estuvieron presentes que la JSF se sostiene en sus reservas respecto a la "Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios" (Ley 29-2019), que exime a los ayuntamientos del pago al plan de salud del gobierno y de las pensiones a través del sistema de retiro "PayGo".La ejecutiva vaticinó que esa controversia terminará en los tribunales, según los ejecutivos municipales que hablaron con El Nuevo Día al salir del encuentro."Ella nos dijo categóricamente que eso va a terminar en los tribunales", puntualizó el alcalde de Cidra y presidente de la junta del CRIM, Javier Carrasquillo, al salir de las oficinas de la JSF, en Hato Rey.De esa forma, a los alcaldes les quedó claro que el choque entre el gobierno central y la JSF es "real" y les puede traer consecuencias negativas."Claro que sí. Esto es una realidad", dijo el alcalde de Orocovis, Jesús Colon Berlingeri.Los ejecutivos municipales dijeron a este diario que entienden que, con esa pugna, se pueden revertir los beneficios que obtuvieron los 78 municipios a través de la Ley 29. Hasta el momento, el tranque por la viabilidad de ese estatuto persiste entre la administración de Ricardo Rosselló Nevares y la JSF.Jaresko, mencionó Carrasquillo, reiteró a los miembros del CRIM que la JSF no se opone a la Ley 29, pero el gobierno debe proveer para su financiamiento o, de lo contrario, no será avalada."La directora (de la Junta) se mantuvo firme en que esa ley es inconsistente con el plan fiscal y que la Junta estaría evaluando sus próximos pasos seguir", dijo el portavoz del ente a cargo de fiscalizar las finanzas de la isla, Edward Zayas, a este diario.En el presupuesto que recomendó el gobernador para el próximo año fiscal -ascendente a $9,624 millones- se incluye una partida de $286 millones en aportaciones municipales para, a través de la Ley 29, inyectar dinero al Fondo de Equiparación, que destina recursos a los municipios para igualar sus ingresos con los del año...

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