Fuera de la papeleta

Por Israel Rodríguez Sánchez

israel.rodriguez@elnuevodia.com

Tras meses de debate público y de luchas judiciales luego de que se destapara el escándalo de que el legislador estuvo por años sin cumplir ni pagar con servicios públicos que se les exigen a todo ciudadano, el Tribunal de Apelaciones sorprendió ayer con una contundente sentencia que da la razón al PNP.

De esta forma, el foro apelativo revocó una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla del 30 de abril pasado, y concluyó, además, que de la prueba presentada se desprende que en este caso se violaron reglamentos adoptados en virtud de la Ley Electoral.

"El cúmulo de asuntos en controversia revela que el comportamiento del apelado (Rivera Guerra) se alejó de la dignidad y corrección esperadas en el quehacer de todo funcionario público, cargo que exige una idoneidad sin igual", lee la sentencia firmada por el panel de juezas compuesto por Ivelisse Domínguez Irizarry, Gretchen Coll Martí y Nélida Jiménez Velázquez.

El PNP inició el proceso de descalificación de Rivera Guerra luego de que una extensa investigación de El Nuevo Día destapó las múltiples irregularidades en las que incurrió el legislador, quien continuó haciendo campaña como si estuviera por encima de la ley.

Esas irregularidades incluían recibir servicios de agua potable y de electricidad sin ser cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); tener por años dos residencias sin inscribir en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) ni pagar contribuciones por ellas y haber construido su residencia de Aguadilla sin permiso de construcción y, por tanto, no tener el permiso de uso que expedía la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), hoy Oficina de Gerencia de Permisos.

En ese contexto, el PNP contaba con argumentos suficientes para entender que las imputaciones contra Rivera Guerra laceraban la imagen de esa colectividad, de acuerdo con la sentencia. "El comportamiento en controversia es uno tendente a lograr el descrédito de la imagen del gremio compareciente (el PNP)", expuso el trío de juezas.

Agregaron que las imputaciones contra Rivera Guerra mancillan la intención primordial del PNP: "Inspirar la confianza del electorado, mediante el desempeño de funcionarios públicos con altas calificaciones éticas".

La sentencia señala que Rivera Guerra nunca se defendió en ningún foro de las imputaciones que le hicieron, sino que...

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