Garantías de protección en controversia
Las garantías de protección sobre los terrenos de alto valor ecológico y agrícola están en debate tras la aprobación de estatutos, en el ámbito federal y estatal, que tienen como objetivo sacar al País de su más prolongada crisis económica.
Por un lado, científicos, académicos y grupos comunitarios advierten sobre la venta de terrenos públicos para allegar liquidez y pagar la deuda que ronda los $69,000 millones.
Mientras, jefes de agencia aseguran que esa opción no es parte de la política pública de la administración de Ricardo Rosselló, ni está contenida en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Reconocen, sin embargo, que el ente que controla las finanzas de la Isla –creado en virtud de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA)–, tiene autonomía y poder decisional sobre asuntos ambientales.
Un análisis del Pinchot Institute for Conservation, en Washington, sobre los impactos de PROMESA en los terrenos públicos concluyó que, al ser activos del gobierno, pueden ser vendidos para pagar la deuda. Los únicos terrenos fuera de la jurisdicción de la JSF son los que están en manos de agencias federales y del Fideicomiso de Conservación.
El análisis, que fue comisionado por el Servicio Forestal Federal, también concluyó que la JSF tiene injerencia sobre cualquier ley ambiental que, a juicio del ente, impida el desarrollo de los llamados “proyectos críticos”.
“Lo que está en juego con estas políticas públicas y actitudes es la calidad del ambiente en términos generales”, dijo el abogado Pedro Saadé, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico.
Señaló que, además de PROMESA, los “instrumentos de preocupación” por sus posibles impactos en los recursos naturales incluyen la reforma de permisos y la declaración de emergencia en torno a la infraestructura de la Isla declarada por Rosselló. Tanto la reforma de permisos como la declaración de emergencia viabilizan, entre otras cosas, procesos expeditos para la evaluación de proyectos para, según el Ejecutivo, agilizar el desarrollo económico.
“El gobierno actual, auspiciado por la dinámica de la JSF, puede sacrificar el ambiente y la salud en pos de un supuesto desarrollo económico. Este es un problema viejo, pero estamos ante una situación de más gravedad, y está en amenaza todo lo que se ha logrado en décadas recientes”, agregó Saadé.
En la misma línea, el planificador y científico ambiental Luis Jorge...
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