GARANTIZAN EL DERECHO A LA ASOCIACIÓN
Por Marga Parés Arroyo
Mpares@elnuevodia.com
Esos testimonios, recogidos en un documental titulado Las Carpetas, dirigido por Maite Rivera Carbonell, recogen parte de las experiencias vividas por cientos de puertorriqueños que fueron perseguidos por el gobierno debido a sus ideales de independencia para el país.
La mayoría de esas carpetas fueron entregadas a los afectados a partir del 1992, luego de un largo y complejo proceso judicial. Sin embargo, evidencian un capítulo que marcó la política gubernamental hasta 1988, cuando se declaró inconstitucional.
"El carpeteo era el mecanismo del estado de perseguir, reprimir y callar a personas y organizaciones que estaban en contra del status quo. El carpeteo era mayormente del independentismo, pero había otros que no eran independentistas, pero moralmente participaban en actividades y se les vinculaba", dijo el licenciado Robert Bounds, experto en derecho laboral.
Como ejemplo, mencionó que, incluso, una dependencia gubernamental, el Instituto de Cultura Puertorriqueño, fue objeto de carpeteo porque hacía actividades, como ferias de artesanía, que eran frecuentadas por figuras asociadas al movimiento independentista, como Francisco Matos Paoli y Ricardo Alegría.
De luchas como esta, mencionó Bounds, es que surge la libertad de asociación, "derechos producidos por la lucha de los ciudadanos, del pueblo", dijo.
A nivel internacional, en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos decretó en su Artículo 20 que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
A nivel local, cuatro años más tarde (1952), la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) garantizó en su Artículo 2, Sección 4, que "no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios".
"Aquí la Carta de Derechos establece la libertad de asociación y de organizarse, que los obreros puedan organizarse y el derecho a la huelga, aunque limitado sólo al sector privado, no a nivel público", comentó Bounds.
Señaló, sin embargo, que empleados de conocidas megatiendas estadounidenses no han logrado organizarse ya que a los patronos no les interesa que se organicen y no fomentan ese ambiente laboral.
El licenciado Jaime Torres, también experto en derecho laboral, reconoció cómo la Carta de Derechos del ELA garantiza derechos no...
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