Garras contra los estorbos
Por Yaritza Santiago Caraballo
ysantiago1@elnuevodia.com
La Ley 31 para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico, firmada por el gobernador Luis Fortuño el pasado 18 de enero, permite a los ayuntamientos expropiar inmuebles declarados estorbos públicos, demolerlos y transferirlos a quienes los rehabiliten.
El estatuto nace del proyecto 3037 que el representante José "Nuno" López originó en la Cámara de Representantes. La nueva herramienta, expuso el legislador, faculta a los alcaldes para obligar a los dueños de los estorbos a ponerlos en buenas condiciones, venderlos o entregarlos al ayuntamiento para que los venda.
Un estorbo público es aquella estructura -residencial o comercial- y solar abandonado cuyo deterioro perjudique la salud, la seguridad y el ambiente. También es estorbo lo que perjudique el bienestar de un vecindario u obstruya el tránsito ilegalmente.
No hay un registro oficial del total de estorbos en Puerto Rico. Pero funcionarios municipales indicaron que el número va en alza. San Juan ha identificado 3,700 estorbos desde el 2001. Toa Baja tiene 600, el doble de los casi 300 que registró hace dos años. Carolina tiene cerca de 200, Bayamón 50 y San Germán 10.
Cada municipio es responsable de aprobar ordenanzas para resolver el problema de estorbos y declararlos.
Los estorbos existen en todo tipo de vecindario: en zonas históricas como el caso antiguo de San Germán y en áreas turísticas como Ocean Park, en San Juan. Se encuentran tanto en barrios de clase media y pobre, como en vecindarios de alto costo.
La mayoría son viviendas. "En San Juan, el 80% (de los estorbos) son residencias", dijo el alcalde Jorge Santini. Tiene casos en Barrio Obrero y la urbanización San Francisco, apuntó.
Y hay estructuras deshabitadas y en mal estado que, por diversas razones, no han sido declaradas estorbos.
¿Por qué se da este fenómeno? Una razón son las disputas por herencias. La nueva ley no tiene disposiciones para estos casos, pero López dijo que es un asunto que se atenderá con enmiendas.
Además, "hay propiedades que la gente no puede pagar y se van. Otros vivían alquilados, se fueron y como el dueño no recibe la renta la deja abandonar", sostuvo Santini.
Otra causa es la muerte del propietario y el consecuente abandono del inmueble. También sucede que familiares del difunto no tienen medios para reparar la estructura o no les interesa hacerlo.
La nueva ley resultaría en un alivio para acabar con "el proceso bien...
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