'la gestión que pueda hacer se queda un poco vacía'

Dos semanas antes de que el país cerrara a causa de la pandemia, el exalcalde de Camuy, Edwin García, ocupó el cargo de Procurador del Ciudadano (Ombudsman).A 16 de meses de comenzar sus funciones, el camuyano diagnosticó problemas en esa dependencia que van más allá de falta de presupuesto. Es que carecen de "garras" para defender a los ciudadanos de las acciones o comportamiento de las agencias del gobierno. No pueden imponerles multas y mucho menos llevarlos al tribunal para hacerlos cumplir."Nosotros queremos reevaluar la Ley 134 en su totalidad. Precisamente, porque las garras que tiene esta oficina para obligar a una oficina que cumpla no son demasiadas, no son muchas. Básicamente, cuando nosotros hacemos una invitación, la agencia responde porque la agencia no quiere estar ante palestra pública (sic), donde el procurador, en este caso el Ombudsman, le está diciendo al público en general que esta agencia no está atendiendo a la gente, no está resolviéndole conforme a derecho. Así que nos quedamos un poco sin garras y por eso queremos reevaluar la Ley 134 en su totalidad, de manera que tengamos garras adicionales para poder obligar a las agencias a cumplir con su deber ministerial", detalló.García ya está en conversaciones con legisladores para impulsar cambios a la ley que creó la Oficina del Procurador del Ciudadano. Busca, principalmente, independencia fiscal para poder imponer multas y que con el dinero recaudado puedan llevar a los tribunales a aquellas agencias que no son diligentes en atender los reclamos de los ciudadanos."Mientras esta oficina no tenga autonomía fiscal, estamos a expensa del presupuesto. Dependemos de la buena fe del gobernante. Si tuviéramos autonomía fiscal, como el Contralor, eso ayuda a poder hacer investigaciones con mucha más rapidez. Si no tengo personal, no tengo presupuesto, no puedo ir al tribunal, la gestión que pueda hacer se queda un poco vacía al final del camino", reconoció el procurador.¿Cómo funciona?El Ombudsman se creó hace 44 años para "fiscalizar administrativamente todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas", explicó.No tienen jurisdicción sobre la Oficina del Gobernador, la Oficina de Gerencia y Presupuesto ni lo referente a presentación de documentos ante el Registro de la Propiedad. Los gobiernos municipales tampoco están ante su jurisdicción, pero se reciben las quejas para luego canalizarlas.Hay varias modalidades en las que un ciudadano...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR