Gobierno cabildea en privado

WASHINGTON.- El gobierno de Puerto Rico cabildeó para tratar de hacer cambios al lenguaje aprobado por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que reclama conocer el impacto de los beneficios tributarios federales que reciben las empresas foráneas en la isla, y las leyes puertorriqueñas 20 y 22, según fuentes del Congreso.Públicamente, el gobierno de Puerto Rico no lo llama cabildeo. "Se ha indagado, como es normal cuando se discuten temas que afectan a nuestra jurisdicción", indicó Pedro Cerame, portavoz de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa).El gobierno no identificó quien hace sus "indagaciones", a las que dos fuentes relacionaron con las empresas Cornerstone Government Affairs y VantageKnight.No obstante, el presidente de VantageKnight, Manuel Ortiz, quien ahora tiene su residencia oficial en Puerto Rico y mantiene un contrato de $690,000 para cabildear en Washington a nombre de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), descartó haber intervenido en ese asunto. "Nunca he cabildeado ese tema", ni tampoco la firma lo ha hecho, dijo Ortiz.La situación en torno a Cornerstone, sin embargo, es extraña.El portavoz de Prfaa afirmó, el viernes, que no han renovado el contrato con esa empresa durante este año fiscal.Pero, Cornerstone, por tres trimestres consecutivos, ha informado al Congreso haber hecho gestiones para Prfaa durante este año fiscal relacionadas al Centro de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) y "asignaciones federales", reportando ingresos y gastos que suman $330,000. Los informes sobre el trimestre de abril a junio de 2019 no se presentarán hasta agosto.El informe del Comité de Asignaciones reclamó, en primer lugar, que, en un plazo de 90 días después de que el proyecto de presupuesto del Tesoro federal se convierta en ley, ese departamento le entregue un informe que precise el total de impuestos federales que las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, en inglés) en Puerto Rico han logrado evitar durante los pasados cinco años, las contribuciones pagadas localmente, las ventas anuales y "el número de empleos creados en la isla".El Comité de Asignaciones también solicitó que 180 días después de que el presupuesto 2020 del Departamento de Justicia sea ley, el Servicio de Rentas Internas (IRS) entregue un informe con el número de personas y empresas que se han traslado desde EE.UU. a la isla para beneficiarse de las leyes 20 y 22, que, respectivamente, otorgan...

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