Gobierno pone en remojo la patente nacional
Por Joanisabel González
joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
Melba Acosta Febo, secretaria de Hacienda dijo a El Nuevo Día, que la posposición del pago de la patente "está sobre la mesa", pero subrayó que todavía "no hay nada definitivo".
La posposición sería hasta el próximo 15 de octubre. Pero si no se llega a ningún acuerdo en las próximas 72 horas, las empresas deben pagar al menos el 50% de la patente como parte del pago de la contribución estimada. Ese pago debe hacerse cuatro veces al año y en el caso del tercer trimestre, es pagadero el 15 de septiembre.
Ayer, El Nuevo Día reveló que al menos 300 empresas solicitarán al Departamento de Hacienda que les exima de pagar la patente nacional porque esta pone sus negocios en pérdidas o se quedaría con la mayor parte de las ganancias, lo que sería confiscatorio.
Fuentes de este diario indican que en algunos casos, los aumentos contributivos y la patente aumentarían la tasa contributiva efectiva hasta el 70% del ingreso neto de una empresa. Y ese impacto operacional llega al cabo de casi ocho años de contracción económica.
La funcionaria agregó que hay "apertura" tanto en Hacienda como en la Legislatura para permitir que no se pague nada de la patente si la empresa demuestra que su condición financiera es crítica.
Al presente, la ley permite a Hacienda reducir el pago de la patente a 0.2% de las ventas brutas cuando se trata de empresas en problemas.
Entre las empresas más afectadas por la patente figuran los supermercados, comercios pequeños, concesionarios de autos y productos relacionados y las farmacias.
Ayer, de hecho, la senadora María de Lourdes Santiago radicó una medida para enmendar la ley 40 a los efectos de excluir del cálculo de la patente nacional las ventas de medicamentos porque se trata de precios estipulados por ley. La medida radicada por la senadora independentista surgió a pedidos de la Asociación de Farmacias de la Comunidad.
Ayer, la "patente nacional" fue eje central de un evento de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR). En este, el sector privado solicitó eliminar el impuesto y Acosta Febo confirmó su impacto adverso al tiempo que recordó que la patente no fue idea del Departamento de Hacienda ni del Ejecutivo sino del sector privado.
En junio pasado, tras el cabildeo empresarial en la Legislatura para frenar la ampliación del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) a los servicios corporativos o B2B, la comisión de Hacienda del Senado compró la idea de la patente...
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