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Gobierno prepara el terreno para ir al tribunal

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Vincent

Aunque ha amenazado en varias ocasiones con retar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en los tribunales por el presupuesto, la administración de Ricardo Rosselló Nevares está impedida, en este momento, de buscar un remedio judicial para resolver el tranque que existe respecto a una ley que aliviaría la carga fiscal de los municipios.El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, advirtió ayer que no podrían dilucidar la controversia en corte hasta que la JSF anule la ley que exime a los alcaldes del pago al plan de salud del gobierno y de la aportación al sistema de retiro PayGo o elimine del presupuesto del próximo año fiscal los fondos para que el gobierno central asuma esa obligación."Mientras tanto, estamos preparándonos y estamos actuando bajo el ordenamiento jurídico, y de suceder algo, reaccionaríamos. Son tiempos en los que todos nos debemos preparar para todos los escenarios. Hoy día, el ordenamiento jurídico es la Ley 29", dijo el funcionario a El Nuevo Día.La "Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios" (Ley 29-2019) es de reciente creación y exime a los ayuntamientos del pago al plan de la Reforma de Salud y de las pensiones a través del PayGo.El estatuto es una de las causas principales del tranque entre la JSF y el gobierno por el presupuesto del próximo año fiscal. El ente fiscal insiste en que la nueva ley no es consistente con el plan fiscal.Tanto la directora de la JSF, Natalie Jaresko, como Rosselló Nevares han anticipado que acudirán a los tribunales para defender sus respectivas posiciones.Ayer, la JSF no quiso abundar sobre qué condiciones deben darse para presentar un recurso judicial contra el gobierno."No queremos especular, en este momento, porque todavía faltan dos semanas (para el cierre del año fiscal). Confiamos en que, al final del día, se pueda certificar un presupuesto que contenga todo lo que requiere el plan fiscal, que sea consistente con el plan fiscal", dijo el portavoz de la JSF, Edward Zayas.La JSF recomienda un presupuesto de $9,100 millones y el gobernador, de $9,624 millones, que incluye una aportación de $286 millones para cubrir el impacto de la Ley 29.Jaresko ha dicho que no se opone a la Ley 29, pero ha señalado que el mandatario debe identificar los fondos para financiar sus disposiciones dentro de un presupuesto de $9,100 millones."Cumplimos con someter (a la JSF) la certificación una vez se creó la medida que da paso a la Ley 29. Ellos no se han comunicado...

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