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El gobierno saca sus números

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Vincent

En el año fiscal 2017, cuando Puerto Rico se convirtió en el primer territorio estadounidense en declararse en bancarrota, las obligaciones con bonistas, trabajadores, suplidores y contratistas eran tan grandes que el déficit acumulado del gobierno superó el tamaño de la economía, partiendo de las cifras oficiales más recientes.El pasado martes, con un retraso de dos años, el gobierno de Puerto Rico publicó el estado financiero auditado para el año fiscal 2017 (CAFR-2017), un documento de 325 páginas que si bien confirma el estado de insolvencia en que se encontraba al momento de solicitar el Título III de Promesa, también reconoce que por primera vez, en años, los gastos con cargo al Fondo General -cuando se impusieron las primeras cortapisas en el gasto de las agencias- pudieron estar bajo presupuesto por unos $577.2 millones.El CAFR-2017 se publicó aproximadamente un mes después de una caldeada audiencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la que el organismo fiscal pidió un plan concreto para que el gobierno territorial se ponga al día en la publicación de sus estados financieros, un requisito de ley para los gobiernos que buscan tomar prestado -es decir, emitir deudas o bonos- en el mercado de capital municipal.Todavía el gobierno no ha indicado cuándo podrá emitir los estados financieros a los años fiscales 2018 y 2019, al tiempo que comienza el conteo regresivo para el año fiscal 2020.Puerto Rico debe publicar su CAFR en o antes del 1 de mayo después del cierre de cada año fiscal.A su vez, la publicación de los estados financieros es uno de los requisitos impuestos por el Congreso a través de la ley federal Promesa.Al dar a conocer la publicación del documento, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, sostuvo que el auditor externo KPMG "no expresaron salvedad alguna" al emitir sus opiniones acerca de la forma en que el gobierno recogió y reportó sus números para el año fiscal 2017.Empero, la lectura del auditor acerca del gobierno para el año fiscal 2017, establece claramente que persisten las dudas acerca de la viabilidad del gobierno a futuro y en especial de dependencias como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). El informe incluye además al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), dependencia que en aquel momento ya estaba descapitalizada y que se liquidó en marzo de 2018...

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