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Golpe definitivo a los empleados del sector privado

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Vincent

Los patronos no tendrán que aumentar por ley los beneficios laborales a sus empleados, como establecía la Ley 41 de 2022, ahora que el Primer Circuito de Boston reafirmó que dicho estatuto es nulo.Con la decisión, la Reforma Laboral de 2017 continúa vigente en Puerto Rico, según el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado."El Departamento del Trabajo no es parte en este pleito. Tenemos que trabajar con las leyes laborales vigentes, y en este caso es la Reforma Laboral de 2017″, dijo Maldonado.Para los trabajadores del sector privado, la decisión del Primer Circuito de Apelaciones implica, por ejemplo, que el periodo probatorio vigente para los empleados del sector privado será de nueve meses para un trabajador no exento y de 12 meses para un empleado exento.Asimismo, los empleados de la empresa privada que comenzaron a trabajar después del 26 de enero de 2017, tendrán que trabajar como mínimo 130 horas mensuales para tener derecho a acumular licencia de vacaciones y de enfermedad.En el caso de la licencia de vacaciones, los trabajadores solo acumularán seis días de vacaciones el primer año. La licencia aumentará de manera escalonada a medida que el trabajador tenga más tiempo en la empresa.Para disfrutar una licencia de 15 días de vacaciones, según la Reforma Laboral 2017 que refrendó el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, el empleado tendría que haber trabajado 15 años o más en la misma empresa.La Reforma Laboral de 2017 cambió, además, asuntos relacionados con el despido injustificado.El año pasado, la administración de Pedro Pierluisi aprobó la Ley 41 de 2022 para reinstalar muchos de los beneficios que eliminó la reforma de Rosselló Nevares.Pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) demandó al gobierno por no certificar el impacto de la Ley 41 en el plan fiscal. En marzo pasado, la jueza federal Laura Taylor Swain determinó que el estatuto era nulo, y Boston acaba de reiterarlo."Es crónica de una muerte anunciada. Siempre dije que iba a ser un malgasto de fondos públicos", reaccionó el abogado laboral Jaime Sanabria.Opinó Sanabria que "el gobierno entró a pelear sin los guantes puestos", pues sabía que había aprobado una ley sin cumplir con el proceso que requiere la ley federal Promesa.Promesa establece como requisito para la aprobación y puesta en vigor de un proyecto de ley, que primero el gobierno certifique que el nuevo estatuto no impactará las proyecciones de recaudos o estrategias...

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