GOLPE A LA DISIDENCIA
yhernandez@elnuevodia.com
Nota de la editora: Este es el primero de una serie de reportajes sobre los cambios en el Código Penal y su impacto en la vida de los ciudadanos.
Al firmar la ley, el mandatario dijo que "con este código buscamos penas fijas y más severas contra el criminal porque nuestro deseo es que les podamos devolver la tranquilidad a la gente buena y decente de nuestro pueblo".
El estatuto aumenta las penas en delitos como el asesinato en segundo grado (a 50 años), homicidio (a 15 años), homicidio negligente (a 15 años), secuestro (a 25 años), escalamiento agravado (a 18 años), agresión sexual (a 50 años) y producción de pornografía infantil (a 15 años), entre otros.
"Asimismo, en protección de nuestros menores, el Código propuesto crea un nuevo delito que señala la seducción de menores a través de internet o medios electrónicos, con una pena fija de ocho años" dijo el gobernador.
Fortuño resaltó también los cambios al estatuto que fortalecen la lucha contra la corrupción al establecer que un funcionario público que cometa un delito en el desempeño de la función pública constituirá causa suficiente para destituirlo.
"Con este nuevo Código buscamos darle las garras al sistema judicial, con penas fijas y más extensas que respondan a la realidad que estamos viviendo. No vamos a permitir que los criminales se apoderen de Puerto Rico. Estamos creando una nueva herramienta para que nuestros fiscales y jueces puedan verdaderamente hacer justicia desde los tribunales", expresó el primer ejecutivo.
Sin embargo, en el afán de ir contra el criminal violento, el legislador aprovechó para incluir en el código modificaciones en el lenguaje de los delitos relacionados a la expresión pública que afectan el derecho a la protesta que debe existir en toda sociedad democrática además de aumentarles la pena a encarcelamiento fijo de 3 años para la mayoría de ellos.
Contrario a las afirmaciones de Fortuño de que la ley deja intactos los delitos de expresión pública que incluía el código del 2004, un examen legal realizado por este diario revela que el documento sí contiene serios cambios.
Por ejemplo, una protesta en las gradas del Capitolio que impida la realización de los trabajos de una sesión legislativa, ahora puede costarle a los manifestantes tres años fijos de cárcel.
Bajo el Código Penal del 2004, para que ese delito se consumara, la interrupción de los trabajos debía realizarse mediante "intimidación, violencia o fraude", lenguaje que...
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