Hacienda levanta bandera
Por Miguel Díaz Román
miguel.diaz@gfrmedia.com
Hacienda hizo el planteamiento en una moción luego que se viera urgido a formar parte del pleito por quiebra como acreedor, pues Caribbean International News (CIN), empresa matriz de El Vocero, le adeuda más de $20 millones, los que surgen principalmente de retenciones contributivas que se le descontaron del salario a sus empleados y que jamás fueron remitidas al erario.
En la moción, Hacienda también alega que su oposición a la propuesta de venta de El Vocero obedece a "la falta de transparencia", y a "la inusual ausencia de información" sobre los inversionistas que integran Publi-Inversiones y sobre la relación entre esta corporación y CIN. En el documento, Hacienda exhorta a la jueza federal Mildred Cabán Flores a "escrutar rigurosamente" las transacciones entre ambas empresas.
La moción fue radicada el miércoles y representa otro capítulo en la trama judicial que tiene lugar en la sede de la Corte Federal de Quiebras en el Viejo San Juan, luego de que El Vocero se acogiera al Capítulo 11 el pasado 20 de septiembre.
El diario arrastra $90 millones en deudas, de las cuales solo $10 millones son deudas aseguradas o con posibilidad de que una porción será pagada.
"Hacienda no tiene ni ha recibido información crítica sobre el deudor, sobre su propuesta de venta con Publi-Inversiones, y su relación con Publi-Inversiones. Los inversionistas de esta recién creada corporación proponente aún no se han dado a conocer. Es posible que toda esta información sea conocida en el momento de la vista programada para el 15 de octubre, pero en el momento de este escrito, no hay manera de que el Tribunal o las partes de interés puedan determinar si el préstamo solicitado o la propuesta de venta es una transacción entre partes independientes y de buena fe", señala la moción de seis páginas, que fue firmada por los abogados Michael P. Richman y Migda Liz Collazo, quien pertenece a división de litigación federal del Departamento de Justicia.
El Vocero le adeuda $34.5 millones al gobierno de Puerto Rico, de los cuales $6.3 millones se los adeuda al Departamento del Trabajo en contribuciones de nómina. Pero esa agencia no envió un representante legal a la primera vista en el Tribunal Federal.
El secretario del Trabajo, Vance Thomas, a preguntas de este diario, no quiso explicar por qué los abogados de la agencia no acudieron a la vista y se limitó a decir a través de una comunicación escrita que "como se hace con...
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