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En un hilo el futuro de la Utier por causa de Genera

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Vincent

Si el próximo 1 de julio, el operador contratado por el gobierno toma control de la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), uno de los gremios con más larga tradición e influencia en Puerto Rico, quedará, en esencia, inoperante.Y si ello ocurre, no será -a juicio del sindicato- por una decisión que hará bien al interés público o por un asunto de política pública, sino porque la administración de Pedro Pierluisi suscribió un contrato de alianza público privada (APP) que es nulo de su faz porque contraviene el estado de derecho en Puerto Rico cuando se trata de su infraestructura eléctrica.Eso planteó ayer, en el tribunal de Título III, la abogada Zoé Negrón Comas, quien reiteró a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain la urgencia de que se emita un interdicto preliminar que detenga la implementación del contrato de Genera PR, empresa propiedad de New Fortress Energy (NFE), antes de que se produzca un daño que sería irreparable e irreversible.Al concluir la vista, Swain indicó que analizaría los argumentos de las partes y que esperaba rendir su fallo a la brevedad posible, habida cuenta el corto tiempo que queda para que Genera PR tome control de la flota generatriz.También, en lo que atañe al proceso de quiebra de la AEE, la jueza Swain dio a la JSF y demás acreedores hasta el próximo 19 de julio para presentar un calendario que permita continuar adelante con la reestructuración financiera de la corporación pública y completar ese trámite antes de que termine el año."No es que nos sentamos a esperar… es que Genera decidió que no se reuniría con la Utier", replicó Negrón Comas cuando la abogada de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y socia del bufete O’Melveny Myers, Elizabeth McKeen, pidió a Swain desestimar el recurso incoado por el sindicato.De acuerdo con McKeen, la también abogada de Aafaf y socia de O’Melveny Myers, Maria DiConza y el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Adam Farbiaz, el contrato de APP era cosa sabida desde el año pasado. Por ello, en síntesis, la Utier tuvo todo el tiempo del mundo para presentar su caso en lugar de esperar a última hora para impedir el traspaso de poder de la flota generatriz al operador privado.Asimismo, McKeen recordó a la jueza que -cuando hace unos dos años- la Utier pidió invalidar el contrato de LUMA Energy, el tribunal de Título III entendió que la Utier...

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