Impugnan a la Junta Fiscal
WASHINGTON.- A un año de haber sido designada, la misma constitución de la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas del gobierno de Puerto Rico está bajo fuego.
En gran medida, la principal amenaza son las demandas independientes del fondo de cobertura de riesgo Aurelius Capital Management y el sindicato Utier, que han impugnado la constitucionalidad de la ley PROMESA a base de que los nombramientos hechos por el entonces presidente Barack Obama no fueron confirmados por el Senado y disminuyeron el poder de nombramiento del inquilino de la Casa Blanca.
Pero, también han habido reclamos de sectores conservadores que consideran que, independientemente de que sea constitucional o inconstitucional la ley PROMESA, es momento de que el presidente Donald Trump ponga su acento en la Junta, destituyendo al exjuez de quiebras Arthur González –la persona nombrada directamente por el presidente Obama– y designando a una persona de su confianza.
El Departamento de Justicia de EE.UU. considera intervenir en la demanda de Aurelius, que irá a una audiencia ante la jueza Laura Taylor Swain el próximo 15 de noviembre.
El rol que asumirá el Ejecutivo federal en el caso –que genera grandes expectativas– se debe conocer a más tardar el 6 de octubre. Si decide intervenir, el procurador general interino de EE.UU., Jeffrey Wall, tendrá 30 días adicionales para someter su argumento.
Por el momento, sin embargo, la Casa Blanca “no comenta en torno a nombramientos que puedan o no ocurrir” ni hará expresiones sobre el examen que hace el Departamento de Justicia en torno a la impugnación de PROMESA, indicó esta semana a El Nuevo Día la directora de Asuntos Mediáticos en la mansión presidencial, Helen Aguirre-Ferré.
Ayer, la Junta federal no hizo comentarios.
Los expertos consideran que de todas las premisas en contra de la ley PROMESA, la impugnación basada en que el estatuto violó el poder de nombramientos del presidente de EE.UU. y el poder de confirmación del Senado federal es particularmente potente.
Los siete miembros con plenos derechos en la Junta federal que ejerce un fuerte control sobre el gobierno de Puerto Rico fueron designados el 31 de agosto de 2016 por el presidente Obama. De los siete miembros, Obama seleccionó directamente al exjuez González. Antes, algunas fuentes pensaron que había sido a José Ramón González, quien luego se aclaró que fue recomendado por el que era líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid.
Ana Matosantos, por...
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