Incertidumbre en el Tercer Sector por el Título III
Kevin Irizarry espera completar su cuarto año en diciembre próximo.
Por esas cosas de la vida, la escuela pública en la que cursaba estudios dejó de ser una alternativa y a principios de año, Kevin llegó a los Centros Sor Isolina Ferré localizados en Caimito, un barrio en la parte montañosa de San Juan, cuyas vistas de la urbe desorganizada hacen olvidar que en la ciudad capital, seis de cada 10 niños se encuentran por debajo del índice de pobreza, según estima el Negociado Federal del Censo.
Kevin toma clase junto a Gladysbell Santiago Rivera y un centenar de estudiantes, quienes según la trabajadora social Damaris Rivera, no pudieron satisfacer sus necesidades de aprendizaje en el sistema de educación pública.
“A mí me gusta estar aquí, me encanta, me encanta. No hay nada negativo”, dijo Gladysbell.
Kevin y Gladysbell conversaron con El Nuevo Día acerca de su futuro si no existieran los Centros Sor Isolina, una organización que junto a cientos en la Isla, recibe fondos gubernamentales y que ahora, están en un limbo tras la radicación del Título III por parte del Gobierno.
“No tendría la oportunidad de terminar. Tendría que quedarme en la otra escuela”, susurró Kevin, luego de quedarse en silencio, cuando se le preguntó si sabía que Puerto Rico se había acogido a la bancarrota. “Eso (la quiebra) significa que el Gobierno no tiene dinero para ayudar y para pagar”.
Ayer, mientras Kevin y Gladysbell tomaban su clase de historia, el anfiteatro de la escuela se convirtió en un aula para unos 50 líderes del Tercer Sector de Puerto Rico. Los profesores fueron el abogado Edgardo Barreto y el ex juez presidente de la corte de Bancarrota, Gerardo Carlo-Altieri. La clase fue la Ley federal PROMESA y el Título III.
“Les aseguro que cuando el Congreso aprobó PROMESA, no tenían ni en su neurona más remota al Tercer Sector o el bonista local”, dijo Barreto.
“Va a ser un proceso doloroso porque si se deben $100 dólares solo hay $8 para pagar. Estamos hablando de unas reducciones bien significativas”, ejemplificó.
Desde el pasado 3 de mayo, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) invocó las protecciones del Título III para el Gobierno central, las organizaciones sin fines de lucro pasaron de ser cojín de estabilidad social a ser otro acreedor más en una lista tan larga de bonistas, pensionados, y suplidores del Gobierno, que al ente federal le tomaría al menos dos meses completarla; ello, según una moción en la corte.
Un acreedor más. Lo lamentable...
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