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Ineludible el debate colonial

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Vincent

WASHINGTON.- Cuando los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. discutan hoy la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), se encontrarán con argumentos que buscarán moverlos hacia el debate fundamental del problema colonial de Puerto Rico.Será la tercera vez, desde enero de 2016, que el máximo foro judicial estadounidense realiza una audiencia oral y se enfrenta a un caso que requiere revisar un asunto constitucional que toca las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos.Los nueve jueces del Tribunal Supremo estadounidense examinan hoy en sala, en un debate de 80 minutos con las partes del caso, la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federal que declaró inconstitucional la forma en que fueron nombrados los miembros de la JSF, pero mantuvo la validez de las decisiones que han tomado.Hace justo ocho meses, el foro de Apelaciones determinó que los miembros de la JSF, que controla las decisiones fiscales del gobierno electo de Puerto Rico, son funcionarios federales principales, no territoriales, por lo que debieron de ser designados directamente por el presidente de EE.UU. y confirmados por el Senado estadounidense, como requiere la cláusula constitucional de nombramientos.En momentos en que se cocinaba en el Congreso la legislación que terminaría siendo la ley Promesa -que impuso la JSF y creó un proceso para la reestructuración de gran parte de la deuda pública de Puerto Rico-, el Tribunal Supremo estadounidense acogió otros dos casos que acentuaron el amplio y maleable poder que tiene el Legislativo federal sobre la isla.Por un lado, el Tribunal Supremo de EE.UU. hizo claro, en el caso Sánchez Valle -que fue a vista oral el 13 de enero de 2016 y se decidió el mismo día que la Cámara baja impuso la ley Promesa-, que la fuente de poder en Puerto Rico descansa en el Congreso y que, por lo tanto, sin soberanía originaria, cuando el gobierno puertorriqueño presenta un cargo criminal, también lo está haciendo el federal.En marzo de 2016, el Tribunal Supremo estadounidense examinó en audiencia oral la constitucionalidad de la ley federal de quiebra criolla, la cual invalidó cuatro días después de decidir el caso Sánchez Valle y aprobarse en la Cámara baja la ley Promesa.En una opinión que redactó el juez Clarence Thomas, el foro judicial mantuvo que, aunque una enmienda de 1984 excluyó a Puerto Rico del capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, no sacó a la isla "del alcance de la...

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