Informe detalla incumplimiento gubernamental

Más de tres años luego de firmada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019), decenas de agencias de gobierno y municipios continúan incumpliendo -total o parcialmente- con las exigencias más básicas del estatuto, de acuerdo con un informe preparado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.El 12% de las dependencias del gobierno central, por ejemplo, no ha nombrado el mínimo de tres "oficiales de información" que se requiere en la ley para dar trámite a las solicitudes que puedan someter desde ciudadanos en su carácter individual hasta miembros de la prensa en el ejercicio periodístico.En el caso de los 78 municipios, había 19 que no habían designado a un solo oficial de información o ni siquiera habían respondido a las peticiones presentadas por el grupo de estudiantes de Derecho que colaboró con la investigación."Hubo mucha buena voluntad de los municipios y lo decimos en el informe, porque querían cumplir, logramos que la gran mayoría cumpliera. Nosotros le dábamos la opción de certificar que estaban en incumplimiento, y eso bastaba para (nuestras) estadísticas, pero preferían pasar por el ejercicio de nombrarlos", planteó Carlos Ramos Hernández, abogado del CPI que lideró el proceso de recopilación de datos. Si bien muchos ayuntamientos atribuyeron el incumplimiento a la emergencia por el COVID-19, el licenciado Ramos Hernández y las estudiantes que estuvieron encargadas de comunicarse directamente con los municipios recalcaron que, en esas conversaciones, quedó en evidencia el desconocimiento sobre la existencia de la Ley 141 o el hecho de que esta aplicaba de igual forma a los gobiernos locales.En el gobierno central, la Comisión Apelativa de Servicio Público y el Sistema de Retiro de Maestros son las dos agencias que al día de hoy han fallado en designar oficiales de información.Sin embargo, el incumplimiento de las dependencias públicas con el mandato constitucional de acceso a la información trasciende la lentitud en la designación de funcionarios para servir como oficiales de información, trámite que todas las entidades debieron haber completado para febrero de 2020, seis meses después de firmada la Ley 141. Por ejemplo, las agencias están obligadas a publicar en sus portales cibernéticos los...

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