Inmaduro el debate sobre parejas gays
Por Ricardo Cortés Chico
rcortes@elnuevodia.com
Aquí, el debate se ha quedado en la fase de definir conceptos como "matrimonio", y en el proceso, cada cual ha echado mano de su propio diccionario.
Los argumentos encontrados de lado y lado parecen, en ocasiones, que casi ni se plasman en el mismo idioma. Los que se oponen hablan de religión. Los que favorecen estos matrimonios hablan de la separación de la iglesia y estado.
Los políticos se quedan inmóviles ante ese escenario por temor al costo electoral que implicaría tomar una postura distinta al matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. "Culturalmente la Isla no está preparada para ese cambio", dijo la senadora Lucy Arce cuando se le preguntó sobre el tema.
"Es patético porque muchos de los que públicamente se oponen lo hacen solo pensando electoralmente", dijo el expresidente del Colegio de Abogados, Julio Fontanet. "Hay muchos políticos aliados a los fundamentalistas que con sus posturas limitan los intentos de tener un debate profundo del tema... El costo electoral y el apoyo económico que reciben limita hasta a los liberales aquí", explicó, por su parte, William Ramírez, director ejecutivo en la Isla de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
El reclamo de equidad de quienes defienden los matrimonios entre personas del mismo sexo es un asunto muy concreto que se manifiesta a diario. Pedro Santiago, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Puerto Rico, señaló que las parejas del mismo sexo no tienen derecho a recibir herencia y carecen de acceso al seguro médico de su pareja; están limitados para tributar en conjunto, no comparten bienes gananciales, enfrentan múltiples dificultades al adoptar y en casos de emergencia están impedidos de tomar decisiones sobre la salud de su pareja cuando la persona es incapaz de hacerlo por sí misma. Según dijo, estas son algunas entre cientos de limitaciones que impone en el código civil boricua.
"El problema de todo esto es cuando se intentan imponer asuntos morales mediante legislación cuando cada cual debería tener derecho a decidir su estilo de vida", dijo Santiago.
El activista de los derechos de la comunidad homosexual, Pedro Julio Serrano, lo ilustra de la siguiente forma: "si el gobierno no puede obligar, por ejemplo, a la Iglesia Católica, a ordenar una sacerdotisa, las iglesias no pueden impedir que todos los seres humanos seamos iguales ante la ley y permitir a las parejas homosexuales...
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