Insiste Justicia en acudir al tribunal

Por José A. Delgado

jdelgado@elnuevodia.com

Lo que aún no estaba del todo claro, según dijeron ayer fuentes cercanas a la discusión, es el tono que tendrá la demanda, en momentos en que se acercan las elecciones generales en Puerto Rico y el gobierno de Luis Fortuño cabildea en Washington en contra de una sindicatura federal.

Ayer, la Oficina de Prensa de Justicia federal no respondió a una petición de información de El Nuevo Día.

En jurisdicciones en que se han hecho hallazgos menos duros que los denunciados en Puerto Rico, el Gobierno federal ha sometido una demanda que incluye un decreto de consentimiento al cual se suele unir a regañadientes el Gobierno local.

Por medio de la empresa de cabilderos WilmerHale, a la que la Policía de Puerto Rico le ha pagado más de $ 2 millones en los dos últimos años, el gobierno de Fortuño ha tratado de que cualquier orden de reforma se haga fuera del tribunal, preferiblemente por medio de un memorando de entendimiento.

WilmerHale no es la única empresa que ha estado bajo contrato del Gobierno de Puerto Rico a raíz de las exigencias hechas por el Departamento de Justicia federal.

Según la Oficina del Contralor, por lo menos otros $ 2.5 millones en contratos destinados a ayudar con la reforma de la Policía han sido otorgados a la empresa Warshaw y Asociados, que preside Robert Warshaw, quien fue número dos de la Oficina del Zar Antidrogas de la Casa Blanca durante el gobierno de Bill Clinton y también fue jefe de la Policía de Rochester (Nueva York).

Una de las alternativas que ha impulsado el Gobierno de Puerto Rico es que la demanda quede en suspenso durante un año, en espera de las mejoras que adopta la Policía con la asesoría de la empresa...

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