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Insistirán en la vía legal

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Vincent

WASHINGTON.- La batalla por el control de la Liga de Ciudadanos Unidos Latinoamericanos (LULAC) puede apenas estar comenzando, después de su tumultuosa convención en Puerto Rico y las denuncias hechas en contra del Partido Nuevo Progresista (PNP).La orden de la jueza asociada Tahira Merritt -de un tribunal de distrito del condado de Dallas (Texas)- que frenó la elección de los directivos de LULAC en San Juan, entre ellos, su próximo presidente, incluyó la convocatoria a una audiencia para el 12 de agosto ante la jueza Maricela Moore en la que se revisará el asunto en su fondo."Pediremos que la orden permanezca vigente hasta que los consejos ilegales hayan sido eliminados de la organización", indicó ayer Enrique Ramírez, de la firma de abogados Tillotson, Johnson y Patton, representantes de los cinco militantes de LULAC que sometieron la demanda que logró suspender la elección del sábado.Tras la decisión del tribunal, el presidente de LULAC, Domingo García -quien se enfrentaba al puertorriqueño Juan Carlos Lizardi, identificado con el PNP-, canceló la asamblea y suspendió de su puesto a la principal funcionaria ejecutiva (CEO,) Sindy Benavides, por entender que ha colaborado con los creadores de los concilios que habrían sido financiados por el PNP con el apoyo de funcionarios de gobierno."Mi único interés es mantener la independencia e integridad de LULAC", afirmó García a El Nuevo Día, al indicar que se propone estar hoy en las oficinas de la entidad en Washington D.C.Los demandantes lograron la orden después de denunciar ante el tribunal que el PNP presuntamente creó de forma irregular, con apoyo de funcionarios de gobierno de la isla durante los últimos tres meses, unos 330 de los 370 concilios de LULAC en Puerto Rico para controlar "de forma hostil" la organización y dedicarla a promover la estadidad.Por cada concilio, cuatro delegados pueden votar en las asambleas de la entidad, según la demanda.Los demandantes, residentes en Texas -el estado en que se fundó LULAC-, imputaron al PNP ser una organización "criminal" que busca controlar la entidad latina, pese a que los estatutos prohíben que responda a un partido político.También habían denunciado que no se les iba a permitir votar por internet, pese a la pandemia del COVID-19. Y recordaron denuncias del pasado en contra de la madre de Lizardi, Elsie Valdés, quien es parte de la Junta Directiva de LULAC y a principios de la década pasada fue imputada de violaciones éticas, que no...

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