Intensa agenda legislativa
A días para que finalice la sesión legislativa ordinaria, la aprobación del presupuesto para el próximo año fiscal y la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) son los temas que encabezan la discusión en el Capitolio esta semana.
La primera define la ruta financiera del gobierno de Puerto Rico por el próximo año, y la segunda parece ser la ficha de tranque entre el Ejecutivo y la Legislatura para darle paso a un presupuesto que asegure las operaciones del Estado.
Esta semana, el énfasis estará en lograr que los ingresos para el año fiscal 2018-2019 alcancen los $9,100 millones. La cifra representa un alza de $700 millones en comparación con la propuesta presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Van a ser días de trabajo intenso. El presupuesto debe verlo Cámara primero y después el Senado, así que lo que estimo es que la semana entera va a ser de trabajo, de cabildeo y de buscar un consenso con ambos cuerpos y con el gobierno de Puerto Rico” expresó Víctor Parés, presidente de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Energía y Alianzas Público Privadas.
Parés, tal y como había adelantado el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Soto, indicó que esta semana se reunirán con personal del Departamento de Hacienda para definir cómo se van a reajustar los estimados de ingresos incluidos en la propuesta de la JSF.
“Los ingresos del gobierno han aumentado este año fiscal, es dinero nuevo, hay que destinarlo y es parte de lo que se va a negociar y acordar con el Ejecutivo”, expresó Parés en referencia a los ingresos en fondos federales.
El representante identificó a educación, salud y seguridad como las áreas de más preocupación.
Según ha trascendido en el proceso de vistas públicas, el Departamento de Educación enfrentaría un recorte de $191.5 millones, acción que pone en riesgo la operación de ocho programas esenciales, incluida la partida de Educación Especial, que recibiría $78.2 millones menos.
El presupuesto recomendado por la JSF para el Departamento de Salud contempla una reducción de $16.1 millones en nómina y costos relacionados, así como un recorte de $7.5 millones para la operación de los Centro de Diagnósticos y Tratamiento (CDT), dinero que, según el titular de la agencia, Rafael Rodríguez, está garantizado y resultó ser una “omisión” del organismo federal.
Mientras, la merma para el Departamento de Seguridad Pública alcanza los $49.6 millones, y una...
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