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Un interés apremiante

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Vincent

EDUARDO IBARRA

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PRO DERECHO A LA SALUD

La problemática resultante es definir quién determina lo que constituye un "interés apremiante del Estado". Tal vez a cualquier persona racional y prudente le parezca que el Estado tiene la obligación moral de recurrir a sus fuentes de sabiduría en el desarrollo de cualquier proyecto de trascendencia social. Esas fuentes estarían representadas por los profesionales agrupados obligatoriamente en organizaciones colegiales a disposición de los mejores intereses de toda la sociedad. Cabe preguntarse ¿cómo es posible que el Estado tome decisiones importantes escuchando solamente el consejo de sus propios asesores o de firmas consultoras cuando puede tener gratuitamente a su disposición toda la sabiduría que en un área determinada posee el País? ¿No sería pertinente y prudente, sólo por dar un ejemplo, que un proyecto de gran envergadura como lo es el del gasoducto, contara con un análisis profundo, apolítico, científico y analítico del Colegio de Ingenieros, del Colegio Médico y del resto de los colegios cuya opinión pueda ser de alguna relevancia?

Resulta difícil de creer, en otro caso, que se establezca un nuevo sistema de salud sin contar con el análisis y puntos de...

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