Intervención para las alcaldías
Es solo cuestión de tiempo para que la Junta de Control Fiscal, o los magistrados que conducen el proceso de bancarrota del Gobierno, intervengan con los municipios de una manera drástica y directa.
Y los caciques municipales, la mayoría de ellos, no han hecho nada para evitarlo. Al contrario, las provocaciones son incesantes, absurdas, casi suicidas.
El bono de verano de $1,000 que entregó el municipio de Guaynabo a sus empleados, es el penúltimo gran desafío. Tienen la impunidad tan metida en los huesos, que se les hace imposible pensar que alguien les pueda cuestionar que repartan bonos. Y además utilizan el chantaje emocional, aduciendo que el dinero es para gastos de la vuelta a clase.
Todavía a estas alturas oímos a algunos políticos augurando que en el Congreso llamarán a capítulo a la Junta, porque ni siquiera ellos, los congresistas, están de acuerdo con el desempeño del ente federal. Lo dicen para confundir a la opinión pública, como queriendo dar a entender que las medidas de austeridad no complacen en Washington. Y es todo lo contrario.
Las presiones que provienen de allá, las quejas de los congresistas, se han producido porque les parece que la Junta va despacio y leve, y no favorece suficientemente a los bonistas. Si en algún momento el Congreso determinara alterar la composición del grupo, lo haría para colocar personas duras, durísimas, inflexibles.
En todo caso, cuando llega a oídos de la Junta —y a oídos de los acreedo res—, una noticia como la del bono de verano en Guaynabo, el desconcierto debe ser feroz. Lo mismo cuando se habla de los aumentos salariales con que se premian los alcaldes. O cuando se enteran, por este diario, de que el Municipio de San Juan presuntamente está otorgando contratos a un individuo que ofrece la cotización más cara, y cuya empresa —casualmente incorporada en 2013— ya ha ganado cientos de miles de dólares, acaso millones, gracias a los buenos oficios de los amigos con que cuenta en la alcaldía.
Las consecuencias de las “irregularidades” y el derroche de dinero, tienden a afectar no solo a los municipios señalados, sino al resto de los ayuntamientos, a las instituciones, a los ciudadanos de a pie. Andar suplicando que no les reduzcan subsidios y fondos federales, y por el otro lado regalar un bono de $1,000, como si el dinero cayera de las matas, es un acto, no ya de necedad suprema, sino de cinismo.
En la empresa privada desde hace años mermó la entrega de bonos de Navidad. No digamos los...
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