'Están invadiendo mi espacio'

Por Gerardo E. Alvarado León

galvarado@elnuevodia.com

Este escenario, consecuencia lógica de que el Estado y sus tribunales no pueden emitir sentencias que favorezcan a una creencia sobre otra, ha levantado banderas de alerta entre algunos residentes de urbanizaciones con control de acceso, quienes temen que personas con "malas intenciones" se hagan pasar por religiosos y atenten contra su seguridad.

"Bajo el mismo criterio (del caso de los Testigos de Jehová), hay que permitirle el acceso a otros grupos que vayan a expresarse, independientemente del contenido de la expresión", dijo ayer el licenciado Osvaldo Burgos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados.

"Lo que se está defendiendo aquí es el espacio público y la libertad de expresión. Tienen que protegerse otros tipos de expresión porque de lo contrario sería darle trato preferencial a manifestaciones religiosas... y eso sí sería inconstitucional", agregó.

El Nuevo Día visitó ayer la urbanización Torrimar, en Guaynabo, una de las que le aplica la orden emitida por el juez federal Gustavo A. Gelpí el pasado 2 de febrero y que, además de Guaynabo, aplica a urbanizaciones cerradas en Bayamón, Caguas, Dorado, Gurabo, Ponce, San Juan y Trujillo Alto.

Sentada en la marquesina de su casa, Yvonne Acosta, quien vive hace 40 años en Torrimar, se expresó tajantemente en contra de la decisión judicial porque, a su juicio, no solo coarta su derecho a la privacidad, sino que permite que personas ajenas quieran imponerle una religión.

"Estoy pagando por una privacidad y una seguridad y, para mí, ellos están invadiendo mi espacio", dijo Acosta, quien recibió...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR