Una isla dentro de la isla
Al defender en días recientes el empleo de su propio hijo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, explicó tranquilamente que en ese organismo no aplican muchísimas de las leyes por las que se rigen otras agencias de gobierno, incluyendo las que condenan el nepotismo.
Si, como en otros sitios, allí fuera delito la contratación de familiares, dijo Burgos, “tenían que vaciar la mitad del edificio”. “Y tengo evidencia de ello”, acentuó Burgos, por si a alguien le quedaba duda.
Norma Burgos tiene razón. La CEE es una isla dentro de la isla a la que no aplican la mayoría de las reglas por las que tiene que regirse el resto del país. Es la única agencia en la que está permitido el discrimen político, porque allí si no se tiene la insignia de un partido, no se puede trabajar. Es la única agencia que no tiene trabajo, salvo el que realizan tres o cuatro meses antes de un evento electoral.
Y, encima de eso, en un giro solo comprensible en este país de locos, en una acción que parece diseñada para poner a prueba la capacidad de indignación de los puertorriqueños, parece ser la única agencia que va a sobrevivir intacta el terremoto de recortes, supresiones, reorganizaciones y sacudidas que está recibiendo todo el aparato estatal a causa de la crisis fiscal que se nos prendió hace años como una plaga bíblica.
Los niños pobres que iban a 167 escuelas públicas que serán cerradas en agosto ya sienten en carne propia la crisis. La Universidad de Puerto Rico (UPR), esa fábrica de conocimiento, desarrollo económico y libertad, está atravesando el momento más duro de su larga y gloriosa historia y puede hasta que deje de existir a causa de este tiempo de desplomes.
Los pacientes del plan de salud del gobierno no tendrán a su disposición decenas de medicamentos a partir del próximo año fiscal y cabe la posibilidad de que todo el sistema colapse en la primera mitad del año próximo.
Los pensionados del gobierno están amenazados de un recorte de sus ya raquíticas pensiones. Cuelga aún sobre los empleados públicos, como el fulgurante filo de una guillotina a punto de caer, la amenaza de un recorte del 20% de su jornada. El bono de Navidad también está en peligro.
La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dijo el viernes que el recorte que le hicieron a su agencia le deja inoperante y sin capacidad para cumplir sus deberes constitucionales, entre los que se encuentra la nada insulsa...
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