El IVU y el acceso a la justicia

ANA IRMA RIVERA LASSÉN

PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS

Como gremio que vela por los intereses de sus integrantes y por el acceso a la justicia, nos preocupa que se impacte significativamente a los abogados y, en este caso particularmente, a aquéllos que están en la práctica privada, ya que son precisamente quienes más casos de oficio y "pro bono" toman.

Las oficinas legales pequeñas y las de un solo abogado están recibiendo el impacto de la situación económica pues es menor también la cantidad de personas que pueden pagar servicios legales privados, al mismo tiempo que hacen grandes esfuerzos por mantener sus costos de operación bajos.

El costo administrativo de ejercer la abogacía aumentará: se tendrán que establecer medios para cobrar el IVU, emitir recibos para IVU Loto, radicar mensualmente planilla de IVU y remitir el pago correspondiente. Sabemos que muchos abogados harán todo lo que puedan para que esto no redunde en aumento de tarifas. El que el Gobierno provoque que se encarezcan los costos de poder ofrecer los servicios legales no se puede ver como otra cosa que un impedimento al acceso a la justicia.

Todo esto es contradictorio con la política pública de la Administración gubernamental de crear empleos, ya que se está encareciendo el costo de comenzar una oficina legal o un negocio, o de operarlo.

Muchas de las medidas que se están promoviendo se deben a que los distintos gobiernos no han podido desarrollar ni implantar medidas de fiscalización. No es que faltan impuestos; es que falta fiscalización y captación adecuada, algo que señalamos desde el principio y en lo que coinciden otras organizaciones profesionales y empresariales del país y que se ha dicho a la saciedad. El resultado final será penalizar a los que cumplen.

Son muchas las ramificaciones negativas de las propuestas presentadas. Aunque el Gobierno...

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