En jaque la libertad de expresión
Por Sandra Caquías Cruz
end.scaquias@elnuevodia.com
La Constitución de Puerto Rico protege el derecho a la libre expresión, pero esa protección no es absoluta.
La legislatura acaba de convertir en ley una medida -PS 1505-, bautizada como 'enmienda a Tito Kayak' por la manera que tiene dicha persona para manifestarse, que establece como delito el paralizar los trabajos de alguna obra, una de las formas de protesta utilizadas hasta ahora.
A esa medida pudieran sumarse otras dos que están ante la consideración de la Legislatura y que influyen en los recursos que tienen los ciudadanos para expresarse. Una de ellas permite la expropiación de las comunidades sin que haya vistas públicas. La otra elimina el requisito de la consulta de ubicación en caso de una expropiación.
La mayoría de estas medidas giran en torno a la construcción. La nueva Ley de Permisos, específicamente en su Artículo 14, impone "una fianza suficiente para cubrir todos los daños que pudiera ocasionarse a la parte demandada" a todo aquel que solicite que le revoquen los permisos o se paralicen esas obras.
Y a eso se suma una serie de incidentes como los ocurridos a mediados de este año y en los que se restringió el acceso a los trabajos en las Casa de las Leyes. A pesar de las múltiples gestiones para conseguir una reacción, tanto de La Fortaleza como de los presidentes de ambos cuerpos legislativos, éstos no contestaron la petición.
La Comisión de Derechos Civiles, a través de su presidente, José I. Irizarry, señaló hay que ver independientemente todas estas situaciones en las se puede reclamar violación al derecho a la libre expresión.
"No podemos generalizar", sentenció Irizarry, quien se reservó opinar si existe un patrón gubernamental de coartar la libre expresión. La Comisión de Derechos Civiles investiga los incidentes ocurridos en el Senado hace unos meses.
La libertad de expresión, destacó Irizarry, "no protege ni la intimidación ni la violencia" porque no sería choque de ideas sino de fuerzas. Por eso la Comisión avaló el Proyecto del Senado 1505. Dijo que esa medida "establece un balance entre la libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada".
¿Y qué recursos le quedan a la ciudadanía para manifestarse? Los ciudadanos pueden hacer piquetes y pueden acudir a la desobediencia civil, pero esta última conlleva la comisión de delitos y tienen sus consecuencias.
El abogado Pedro Malavet Vega, profesor de derecho y escritor de varios libros sobre el tema, no...
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