Jueces validarían nombramientos

WASHINGTON.- Reconociendo los amplios poderes del Congreso para legislar sobre Puerto Rico, jueces del Tribunal Supremo estadounidense hicieron claro ayer que están inclinados a decidir la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a base de si son funcionarios federales- principales o inferiores-, o territoriales.La percepción generalizada es que una mayoría de los jueces pareció subrayar que los miembros de la JSF tienen funciones locales, es decir territoriales, lo que supondría que son partidarios de revocar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federal que declaró inconstitucional el mecanismo por el cual fueron nombrados los integrantes del ente fiscal que controla las decisiones financieras públicas de la isla.Durante una sesión oral de 77 minutos, los jueces no mostraron interés alguno en revisar la doctrina de los Casos Insulares, que en describir a Puerto Rico como un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, y en el que aplica limitadamente la Constitución estadounidense.Pero, fundamentaron toda la discusión en los amplios poderes del Congreso para legislar sobre la isla, bajo el marco de la cláusula para territorios de la Constitución.La sesión estuvo dedicada principalmente, por ello, a debatir la autoridad y las funciones de los miembros de la JSF.El máximo foro judicial estadounidense revisa una decisión de hace ocho meses del Primer Circuito de Apelaciones federal, en la cual se declaró inconstitucional el mecanismo por el cual fueron nombrados los miembros de la JSF, pero, haciendo uso de la doctrina del "funcionario de facto", y validó las determinaciones tomadas por el ente fiscal durante los pasados tres años.La jueza Laura Taylor Swain, que dirige el tribunal de bancarrota territorial, decidió originalmente que los miembros del ente fiscal son funcionarios territoriales, como dice la ley Promesa. Swain estuvo presente en la sesión.Previamente, el verano pasado, en un caso independiente, el Tribunal Federal de Reclamaciones también decidió que los miembros de la JSF son funcionarios federales.Ocho de los nueve jueces del tribunal hicieron preguntas sobre una controversia que llega al Tribunal Supremo de EE.UU. tres años después de aprobarse Promesa, por la cual se ha reestructurado ya unos $22,000 millones de la deuda pública de la isla. Como es su costumbre, el juez Clarence Thomas no interrogó a las partes del...

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