La jueza y su esposa serán madres
Cuando el 12 de febrero de 2016 Maite Oronoz fue nombrada a la posición más alta de poder en la rama judicial, sin duda alguna hizo historia: es mujer y es lesbiana. Casi dos años después, vuelve a romper esquemas y abrir caminos al anunciar que ella y su esposa, la jueza del Apelativo Gina Méndez, se convertirán en madres con la llegada de gemelos.
Con una escueta cita en la que confirma su embarazo y lo feliz que están en su familia, Oronoz marca con paso firme la lucha que por décadas han llevado grupos Lgbtt para que la ley les reconozca los mismos derechos que a las parejas heterosexuales.
“Para toda familia el nacimiento de un hijo es un momento extraordinario. El nacimiento de dos es una doble bendición. Agradecemos a todos aquellos que nos desean bien”, dijo ayer Oronoz.
En junio de 2015 y en lo que constituyó una sentencia histórica, el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Con la resolución del más alto foro judicial a nivel federal en el caso Obergefell vs. Hodges, debían caer como piezas de dominó los discrímenes que se habían perpetuado con las parejas del mismo sexo y alterarse toda protección jurídica que hasta ese momento se limitaba a los matrimonios heterosexuales: derechos, deberes, deudas, herencias y, por supuesto, hijos engendrados dentro de esa figura jurídica.
De inmediato, los matrimonios entre personas del mismo sexo florecieron en Puerto Rico y seis meses después del histórico dictamen, el largo camino de Ángeles Judith Acosta para lograr la adopción de la hija de su pareja, Carmen Milagros Vélez, terminó. Fueron 10 años de litigios hasta que la jueza Ladi Buono ordenó al Registro Demográfico inscribir a la quinceañera Juliana María con los apellidos de sus madres.
Oronoz y Méndez están casadas y sus hijos nacerán dentro de esa unión legal que las cobija.
Pero en el camino no todo ha sido miel sobre hojuelas. El estado de derecho se ha ido puliendo a pulso con casos que han requerido la intervención de los tribunales para hacer valer derechos que surgen por virtud de la decisión del Supremo del 2015, como el reconocimiento de que un hijo nacido en un matrimonio de una pareja del mismo sexo debe inscribirse con los apellidos de los que componen esa unión legal.
Orvaldo Burgos, exdirector ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, lo sabe muy bien. Hace poco representó a una pareja de mujeres a las que el Registro Demográfico se negaba a inscribir al hijo...
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