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La Junta a la Aafaf: no dejaremos que 'minen' a Promesa

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Vincent

Nota de la Editora: Este es el quinto de varios artículos acerca del proceso de confirmación del Plan de Ajuste del gobierno central y el impacto que dicha propuesta tendrá en decenas de miles de individuos y empresas en Puerto Rico.El principal asesor legal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Martin Bienenstock, se comprometió ayer con la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain a que su cliente continuará negociando con el gobierno para facilitar la confirmación del Plan de Ajuste (PDA).Pero el abogado, socio de Proskauer Rose, también indicó que estarán listos para activar "un plan B" si los oficiales electos de la isla insisten en "desbancar" los acuerdos alcanzados con bonistas y otros acreedores."Esto no es una objeción limitada", dijo Bienenstock al atacar el rechazo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) al plan que propuso la JSF."Ambos (la JSF y el gobierno) estamos de acuerdo en que es crítico que los retirados en Puerto Rico tengan todo el derecho a un retiro digno", sostuvo Bienenstock.El abogado recordó que desde que la JSF se organizó en el 2016, el organismo aseguró el pago de las pensiones y ahora, ha hecho lo mismo durante el proceso de negociación con los acreedores.El pasado martes, durante el primer día de la audiencia general del mes de julio de los casos de Título III y donde se analizó la adecuación de la Declaración Informativa del PDA del gobierno central, el abogado John Rapisardi, asesor legal de la Aafaf, sostuvo que la JSF no podrá implementar el PDA sin el apoyo de la Legislatura."Ahora estamos en el rango de 95% y hemos sido criticados por eso", sostuvo Bienenstock haciendo referencia a la cantidad de dinero que recibirán los jubilados del sector público aun cuando se implemente el ajuste de hasta 8.5% en las pensiones mayores de $1,500 al mes.Bienenstock -quien indicó que la JSF no permitirá que el gobierno "mine" la ley federal Promesa- agregó que no creía "era una coincidencia" la negativa del gobierno a endosar el PDA y la reciente aprobación de la Ley 7, conocida como la Ley de Retiro Digno, estatuto que la JSF busca anular.Las expresiones de Bienenstock fueron la respuesta de la JSF a las preguntas de la jueza Swain, quien indicó que la postura del gobierno constituía su mayor "preocupación".En su turno de argumentación el martes, Rapisardi estableció que el gobierno no solo objetaba el recorte de las pensiones a los ya jubilados sino también la congelación de...

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