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La Junta demanda a cientos de suplidores

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Vincent

Por espacio de 14 años, Carlos Mejía fue un empresario que prestó servicios al gobierno de Puerto Rico.Con mil sacrificios, Mejía se hizo de su empresa de transporte escolar. Llegó a contar con una docena de empleados y servía a unos 200 estudiantes de educación especial en Carolina. En 2014, luego de que el Departamento de Educación modificó el proceso de contratación de ese servicio y sin poder cobrar más de $3 millones por servicios prestados, Mejía colgó los guantes.Hace dos años, cuando el gobierno se acogió a las protecciones del Título III de la ley federal Promesa, el intento de Mejía por recuperar sus cuentas por cobrar en Educación quedó en un limbo. Esto, una vez su demanda contra el gobierno y las de otros miles en los tribunales de Puerto Rico quedaron paralizadas por la suspensión automática de litigios.El pasado Miércoles Santo, la ley Promesa volvió a golpear a Mejía, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le escribió para cobrarle $2.5 millones de los pagos que le habría hecho Educación entre los años 2013 a 2017."Tuve que cerrar porque siempre había dificultades... Tuve que cesantear a 12 empleados y ahora llegan estas nuevas cartas y me dicen que me tengo que asesorar con un abogado de quiebras", relató."Me destruyeron mi sustento, mi sustento por completo con todas las complicaciones económicas que eso arrastra, y mi única justicia está paralizada por Promesa", prosiguió el exempresario.Hasta ayer, el Comité de Reclamaciones Especiales (CRE), un grupo de trabajo que se constituyó luego del informe especial sobre la deuda de Puerto Rico que trabajó Kobre & Kim, había demandado a 230 suplidores del gobierno. Entre los demandados figuran empresas como Evertec, MMM Healthcare, Bristol Myers, Manpower, y el Hospital Panamericano. Pero ayer, el CRE también demandó a empresas pequeñas y medianas a lo largo y ancho de Puerto Rico y, que por años, han prestado servicios que serían "esenciales".En ese universo de empresas locales demandadas por la JSF figuran Alpha Guards Management, Taller de Desarrollo Infantil y Prescolar Chiquiri, Huellas Therapy, América Aponte & Asociados, Campofresco, Armada Productions, una firma vinculada a Arco Publicidad, y Estrada Bus Line.En total, la JSF indicó que con los litigios podría corroborar que unos $4,200 millones en pagos efectuados en los pasados años fueron "aprobados y justos" y si no es el caso, recobrarlos de los demandados.Estas acciones legales no necesariamente implican que...

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