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La Junta demanda a Pierluisi y modifica el Plan de Ajuste

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Vincent

Bajo la premisa de que costarán al erario unos $120,000 millones que Puerto Rico no posee, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hizo valer la palabra empeñada y al filo de la medianoche del pasado lunes demandó al gobernador Pedro Pierluisi para impedir que el mandatario implemente la Ley 80 de 2020.También solicitó a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain que anule las leyes 81 y 82 del mismo año. En paralelo, presentó la contestación al memorando de correcciones y aclaraciones al Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central y radicó una nueva versión del documento que busca modificar unos $33,000 millones en bonos y otras obligaciones.La demanda del organismo fiscal para anular los tres estatutos así como la Resolución Conjunta (RC) 33-2021 demuestra que la JSF y la administración Pierluisi no lograron ponerse de acuerdo el viernes pasado, cuando las partes se reunirían como solicitó Swain, tras identificar varias deficiencias en el PDA del gobierno central y que impedirían su confirmación.En realidad, según el litigio, desde el pasado viernes cuando la JSF llevó a cabo su reunión pública más reciente en la ciudad de Nueva York hasta el lunes, el organismo y Pierluisi han intercambiado diversas cartas en las que insisten en sus respectivas posiciones."El gobernador, repetidamente, ha afirmado su preferencia por los planes de pensiones de beneficio definido para los empleados públicos", indica la JSF en la demanda que también destaca que Pierluisi firmó la RC 33-2021 el pasado 15 de diciembre."La (JSF) se involucró en esfuerzos exhaustivos con el gobierno para estudiar formas de implementar posibles modificaciones de las leyes de una manera fiscalmente responsable", reza la demanda, en la que se agrega que tales conversaciones estuvieron predicadas en un acuerdo de "no implementación" de las leyes en controversia sin el aval del organismo.Solo para pagar la Ley 80, alegó la JSF en su escrito en defensa del PDA, el gobierno tendría que eliminar al menos 1,500 puestos de trabajo en adición a la eliminación de plazas ya contemplada en el plan fiscal.Y para implementar la Ley 81 de 2020 y que sea neutral al fisco, habría que eliminar otros 1,835 puestos entre las agencias de ley y orden, lo que según la JSF, haría más difícil la ya deteriorada capacidad del gobierno para ofrecer servicios de seguridad a la población.El plan fiscal vigente contempla la eliminación de 3,200 puestos de trabajo a partir de este año fiscal.La Ley 80 de 2020...

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