Junta fiscal se defiende

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) defendió la constitucionalidad del proceso de nombramiento de sus miembros, que ha sido cuestionado en corte por el fondo de inversiones Aurelius Capital Management y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

En una contestación a los planteamientos hechos por Aurelius en el litigio de Título III sobre la deuda de Puerto Rico, los abogados de la JSF recalcaron que la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos no aplica a los oficiales territoriales, como los miembros del ente.

Esta distinción de oficial territorial la justifican alegando que la misma Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), que crea la Junta, sostiene que los objetivos del estatuto son puramente locales y territoriales y están enmarcados en la cláusula territorial de la Constitución, que provee los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico.

“La petición de Aurelius es incompatible con el caso Puerto Rico vs. Sánchez Valle, que dice que la última fuente de autoridad en Puerto Rico es el gobierno federal”, sostiene el escrito firmado por los abogados de la JSF, Martin Bienenstock, Donald Verrilli y Hermann Bauer.

Además, los casos en los tribunales estadounidenses que han creado jurisprudencia asociada a los territorios exponen que únicamente los derechos fundamentales o personales contenidos en la Constitución de EE.UU. aplican automáticamente a Puerto Rico.

Por eso, por ejemplo, el gobierno federal puede hacer distinciones en el trato contributivo que le da a Puerto Rico, a pesar de que existe una disposición en la misma Constitución estadounidense que ordena el mismo trato tributario para todos los estados.

De este modo, los abogados de la Junta restaron validez a la idea de que la cláusula de nombramientos de la Constitución aplica para aquellos oficiales que, aunque son nombrados por el gobierno federal, solo tienen jurisdicción sobre los asuntos puertorriqueños.

Por eso, según la moción presentada el viernes ante la jueza Laura Taylor Swain, a través de los años el gobierno estadounidense ha usado una variedad de maneras para nombrar a los oficiales en los territorios. Algunos, argumentaron, han sido escogidos solamente por el presidente, otros necesitan el consejo y consentimiento del Senado federal, otros son electos por el voto popular y...

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