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La Junta Fiscal defiende su cancha

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Vincent

La advertencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se produjo en menos de 24 horas: el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no podrá reasignar partidas en el presupuesto sin el aval del organismo que desde el 2016 controla las finanzas de Puerto Rico.El fallo del Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal que declara inconstitucional los nombramientos de los miembros de la Junta no cambia las reglas del juego establecidas con la ley Promesa y con el presupuesto vigente.Este último documento que organiza los gastos del gobierno fue hasta avalado por la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende los casos de bancarrota territorial."El Circuito de Apelaciones fue claro en su decisión del pasado 15 de febrero de 2019 de que el trabajo de la JSF en cumplimiento fiscal, transparencia y controles continúa ininterrumpido", indicó el ente fiscal en una declaración escrita.Rosselló Nevares había informado, el lunes, que instruyó a su equipo económico a comenzar con el proceso para cambiar el presupuesto sin el aval de la JSF.Ayer, Carlos "Johnny" Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, cuerpo legislativo que por disposición constitucional es el custodio del presupuesto, se hizo eco del mandatario al afirmar que "no cabe duda" que la decisión del Primer Circuito de Apelaciones "deja la puerta abierta" para revisar las decisiones del organismo fiscal.Pero la decisión del viernes del Primer Circuito de Apelaciones, sin embargo, establece explícitamente que las acciones tomadas por los miembros de la Junta hasta la semana pasada son válidas, pese a que los nombramientos a este organismo fueron declarados inconstitucionales.Incluso, el fallo provee un período de 90 días para operar como de costumbre en lo que el presidente Donald Trump y el Senado estadounidense resuelven las "deficiencias" de los nombramientos.Ayer, cuando fue confrontado por el asunto, el gobernador Rosselló Nevares evitó explicar qué parte de la decisión judicial lo facultaba a reasignar fondos sin el aval expreso de la Junta.Al abundar sobre la orden que impartió a sus subalternos de revisar el presupuesto, el mandatario optó por reservarse las explicaciones legales y optó por enumerar sus quejas de su administración contra el organismo fiscal por no darles paso a movimientos presupuestarios que su administración estima como necesarios."Sobre el aspecto legal, pues mira, no es un aspecto legal, sino un aspecto de operación y de beneficio al pueblo de Puerto Rico...

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