La Junta gastará $52 millones en abogados
Aunque la mayor parte irá a pagar honorarios de abogados, el primer presupuesto aprobado para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contempla que los empleados de ese organismo federal ganen, en promedio, un salario de $180,000 y reciban beneficios de vacaciones y enfermedad que no disfrutarán los trabajadores contratados bajo la nueva ley reforma laboral en el sector privado.
En paralelo, y en algún momento de este año fiscal, la JSF abrirá oficinas en la capital federal y contratará una segunda firma de relaciones públicas para que atienda sus asuntos a nivel continental.
El número de empleados que tendrá la JSF y otros planes del organismo federal con poderes por encima del gobierno electo de Puerto Rico están detallados en el presupuesto del año fiscal 2018. El documento confirma que la JSF acabó el pasado año fiscal con un superávit de $181,000, cifra que ahora es el punto de partida para el presupuesto vigente, que rondará los $60 millones.
Según el documento, el presupuesto de $60 millones -que sale de los impuestos que pagan los contribuyentes del País- se distribuye en ocho partidas, incluyendo nómina, renta, contratación de servicios profesionales y compra de servicios, entre otras partidas.
“El grueso del mismo (presupuesto), desafortunadamente son lo que se pueden imaginar: abogados”, dijo Carrión el viernes pasado en una conferencia tras presidir la octava reunión pública del organismo federal, en San Juan.
Tras concluir el cónclave, en el que se certificó con enmiendas el presupuesto del Gobierno y se aprobó el pedido de bancarrota para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Carrión contestó preguntas a los periodistas, incluyendo sobre el presupuesto de la JSF. En ese momento, Carrión indicó que el presupuesto de la JSF se divulgaría ese día, cosa que sucedió en la noche del viernes.
“La mayoría de ese dinero va a abogados. A nosotros nos da vergüenza”, dijo Carrión al reconocer que el dinero se utilizará principalmente para pagar a esos profesionales y otros expertos que son necesarios en el proceso de ajuste de deudas y para responder a la docena de demandas que encara Puerto Rico.
El Nuevo Día reportó en marzo pasado que algunos de los contratos en la JSF, en especial los otorgados a Ernst & Young y Proskauer Rose contemplan que sus técnicos y abogados cobren entre $805 y $1,000 por hora, respectivamente, aparte de reclamar reembolsos por todo tipo de gastos, desde alimentos y mensajería hasta copias y sellos postales.
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