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La Junta impone sus condiciones

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Vincent

En aras de que el gobierno no gaste más dinero del que recibe en sus arcas y que cumpla con los recortes a los que se comprometió en el plan fiscal certificado, el presupuesto modificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) restringe en una reserva el dinero que se utilizaría para aumentar el salario de maestros y policías, mientras establece que el gobierno tendrá que presentar informes trimestrales más allá de los requeridos por la ley federal Promesa antes de que pueda gastar un dólar adicional.

Tales condiciones están descritas en las resoluciones conjuntas que la JSF envió a la Legislatura el pasado martes como parte del proceso de certificación del presupuesto. En estos documentos también queda establecido que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no podrá desembolsar dinero para cumplir con la promesa de aumento salarial que hizo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para maestros y policías, pagar el seguro social de policías y, mucho menos, autorizar la totalidad del presupuesto asignado a las agencias, a menos que el organismo federal dé su aprobación o se asegure de que la administración cumple con el programa de ingresos y gastos.

Las cortapisas establecidas por la JSF para procurar el balance fiscal a partir de julio próximo se suman a la derogación de la Ley 80 de Despido Injustificado de 1976. Eliminar el estatuto que provee ciertos remedios a los empleados del sector privado forma parte de un paquete de reformas estructurales para encausar la economía de la isla y es la pieza clave del acuerdo entre la JSF y Rosselló Nevares para evitar un litigio en los tribunales.

Para el representante del gobernador ante el ente federal, Christian Sobrino, tiene sentido que la JSF haya establecido condiciones para que se otorgue el aumento mensual de $125 a policías y maestros -a partir del próximo año fiscal- y que estos también estén sujetos a la derogación de la Ley 80, pues esta movida puede impactar la proyección de ingresos exigida por la JSF.

Sin embargo, por tratarse de nuevas exigencias por parte de la JSF, Sobrino catalogó de “complicada” la interacción entre el gobierno y el ente a cargo de las finanzas públicas de la isla.

“Pero hay una realidad: uno puede proveer los beneficios (para los) que uno tiene los ingresos para apoyar presupuestariamente. Si no los tiene, no los tiene”, aseveró el abogado. “La proyección de ingresos es la parte clave que hace todos estos acuerdos y estos otros compromisos programáticos...

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