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La Junta pide anular ley que procura dar medicamentos a pacientes

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Vincent

Por casi 16 años, los pacientes y organizaciones sin fines de lucro que representan a miles de enfermos en Puerto Rico abogaron ante la Legislatura porque se pusiera coto a las prácticas que se han traducido en cambios arbitrarios de medicamentos y la denegación de tratamientos.El año pasado, la Alianza pro Acceso a Medicamentos logró su reclamo cuando la Legislatura aprobó -de manera unánime- la Ley 142 para regular a los planes médicos y sus administradores de beneficios de farmacia (PBM, en inglés) cuando de la denegación e interrupción de tratamientos se trata. La entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced dio vida al estatuto el 9 de octubre de 2020.La legislación no es cosa novel. En Estados Unidos, 40 estados han adoptado leyes similares.Luego de mostrarse abierta a que se enmendara la medida con tal de reducir el impacto financiero de la Ley 142 en el Plan de Salud del Gobierno (PSG), el pasado 26 de agosto, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) escribió al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y secretario de Estado, Omar J. Marrero para ordenarle que se derogue.Si la Legislatura no actúa, reza la carta de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, entonces la administración de Pedro Pierluisi y el organismo fiscal tendrán que radicar una estipulación ante la Corte de Título III para anularlo.El gobierno de Pierluisi y la Legislatura tienen hasta el 1 de octubre para cumplir con las exigencias de la JSF.Antes de la sentencia de muerte a la Ley 142 por parte de la JSF, Marrero había escrito al organismo para expresar que el gobierno continuaría adelante con la implementación del estatuto. Para ello, la Aafaf estaba dispuesta a sacar al plan Vital, que gestiona la Administración de Seguros de Salud (ASES), del alcance de la Ley 142.Para la JSF, sin embargo, es una cuestión de dólares y centavos. En la misiva, Jaresko explica que si el gobierno continúa adelante con la implementación de la Ley 142 de 2020, ello resultará en una merma en los recaudos del fisco. El impacto podría fluctuar entre $112 millones y $366 millones entre los años 2022 a 2026.Amenaza de aumentos para los trabajadores del sector privadoEn esencia, la carta de Jaresko, señala que aparte del impacto en las finanzas de ASES, lo que sería contrario al plan fiscal certificado, el erario perdería recaudos porque los planes médicos aumentarán las primas de las cubiertas médicas que los patronos ofrecen a sus...

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