Junta pide limitar al ejecutivo
La recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dirigida a limitar el poder del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de remover miembros de juntas de gobierno de las corporaciones e instrumentalidades públicas está enmarcada dentro de la autoridad que le concede la Ley PROMESA al organismo federal.
Así lo afirmó el abogado constitucionalista Carlos Ramos González, quien detalló que la sección 205 de PROMESA dispone el trámite a seguir cuando se trata de recomendaciones de la JSF al mandatario y a la Legislatura en torno a las estructuras o funcionamiento del gobierno.
En una carta dirigida a Rosselló Nevares y a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, el líder de la JSF, José Carrión, sugirió enmendar la Ley 3 de 2017 para disponer que el gobernador solo podrá remover integrantes de cuerpos rectores cuando exista “causa”. De esa manera, precisó Carrión, se liberaría a estos funcionarios de toda influencia y control político, permitiéndoles tomar -amparados en sus conocimientos especializados- las decisiones necesarias en el mejor interés de las entidades a las que responden.
“Hacemos esta recomendación para asegurar el cumplimiento de los planes fiscales certificados para la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras y Transportación”, lee la misiva.
Carrión aludió al plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que incluye, como requerimiento, que al menos dos terceras partes de la Junta de Gobierno cumplan con cualificaciones de “independencia y experiencia en asuntos energéticos”. Lo mismo ocurre con el plan de la Autoridad de Carreteras y Transportación, respecto al requisito de independencia de criterio, precisó el líder del ente federal que controla las finanzas públicas.
En una conferencia de prensa ayer, el primer ejecutivo adelantó que evaluará la recomendación.
“Al igual que todas las recomendaciones que hace la Junta, nosotros le daremos lectura, lo evaluaremos y, al plazo del tiempo que es permitido por ley, pues estaremos emitiendo una contestación”.
El gobernador y los líderes legislativos tienen 90 días para responder a la Junta federal si acogerán la recomendación.
Este medio procuró reacciones de los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado sobre la recomendación de la JSF. Sin embargo, al cierre de esta edición, no habían respondido.
De no acceder a la recomendación de la Junta, precisó el licenciado Ramos González, las autoridades...
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