Junta revela dónde está el poder de la colonia
Cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó una versión enmendada del presupuesto dejó al descubierto -otra vez- la situación colonial del país.
A esta conclusión llegaron -con sus matices particulares- los abogados constitucionalistas Carlos Gorrín Peralta, Hiram Meléndez Juarbe y Rafael Cox Alomar.
Al analizar esa acción de la JSF, los juristas recordaron que el Congreso estadounidense aprobó la Ley PROMESA, que impuso ese cuerpo que controla finanzas públicas al “territorio”, al amparo de los poderes plenarios que ostenta bajo la cláusula territorial de la Constitución estadounidense.
En entrevista con El Nuevo Día, Meléndez Juarbe, Gorrín Peralta y Cox Alomar coincidieron en que la JSF actuó acorde a las facultades delegadas por el Congreso a través de un estatuto, que cuenta con mayor jerarquía que la Constitución isleña.
“La Constitución de Puerto Rico fue aprobada a partir de un proceso en el cual los puertorriqueños participaron pero, al final, el poder de aprobar esa Constitución radicó en el Congreso, que luego actuó para validar nuestra Constitución. Ahora, el Congreso aprobó PROMESA, que modifica ese proceso legislativo”, afirmó Meléndez Juarbe, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
“No lo veo como dos leyes que chocan. Lo veo como un acto del Congreso que enmienda un proceso que ellos mismos habían aprobado”, agregó.
Por disposición de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), aprobada en el 1952, correspondía al gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmar y convertir en Ley el presupuesto. Dentro de esa facultad, podía rebajar o eliminar partidas.
Pero, el 30 de junio del 2016, el expresidente Barack Obama estampó su firma sobre la Ley PROMESA, un estatuto que lanzó leña al fuego del debate sobre la condición política de los puertorriqueños. Esta hoguera comenzó a arder unas semanas antes cuando una determinación del Tribunal Supremo estadounidense, en el caso Sánchez Valle, consignó en blanco y negro la condición territorial de Puerto Rico.
En una decisión dividida, el máximo foro judicial de Estados Unidos concluyó que Puerto Rico no contaba con soberanía primigenia para procesar criminalmente a una persona que había sido juzgada por los mismos delitos en una corte federal.
Esto ocurría, según el Supremo, porque la fuente del poder de Puerto Rico emana del Congreso.
Analizando todo este contexto, el catedrático Gorrín Peralta sostuvo que la actuación de la JSF desenmascaró el...
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