La Junta revive sus reclamos a Rosselló

A solo días de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certifique las nuevas proyecciones económicas y financieras del plan fiscal, la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, pidió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a alcaldes y ejecutivos de corporaciones públicas a que resuelvan de una vez y por todas la controversia en torno a las aportaciones al sistema "Pay-Go".Sin precisar qué consecuencias podría enfrentar el gobierno, Jaresko indicó que, al presente, el gobierno central ha pagado las pensiones de miles de servidores públicos jubilados del dinero que entra al Fondo General, pero los ayuntamientos y agencias no han enviado la parte que les toca, según la Ley 106 de 2017.Jaresko fijó como plazo para que el gobierno resuelva la controversia en el Pay-Go hasta el próximo 30 de junio.Hace casi dos años, cuando la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) quedaron insolventes, la JSF y Rosselló Nevares dieron paso a la Ley 106. Entre otras cosas, el estatuto establece que todas las entidades del gobierno separarían una parte de su presupuesto para el sistema Pay-Go."No queremos repetir ese proceso de nuevo", dijo Jaresko al reiterar que si bien entiende las objeciones de alcaldes y agencias, tienen que llegar a un acuerdo definitivo antes del próximo 30 de junio.El año pasado, El Nuevo Día reveló que el gobierno no cumplía con dicha ley. Entonces, un grupo de pensionados acudió al Departamento de Justicia para exigir responsabilidades por tal incumplimiento, pero se desconoce qué acción, si alguna, ha tomado el ministerio público.La semana pasada, la JSF escribió al gobierno para indicarle que tomara medidas a fin de que las instrumentalidades que adeudan sobre $300 millones al Pay-Go cumplan con los pagos.El tema no se limita al pago de las pensiones.Ayer, Jaresko aseguró que las agencias y municipios han vuelto a caer en la manía de retener dinero del salario de los empleados públicos que debe ir a sus planes de retiro y tampoco lo envían. Cuando el dinero que se destina al retiro no se transfiere a tiempo, supone una pérdida de ingresos para el empleado público, pues su dinero no se invierte con la frecuencia que sería necesaria, según los objetivos de ahorro que este determine.En el inicio del siglo, cuando el gobierno creó el llamado Sistema 2000, la ASR retuvo millones de dólares de la paga de los trabajadores y, en lugar de invertirlo y custodiarlo, lo gastó en el...

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