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Junta de Supervisión da ultimátum al gobierno

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Vincent

Aunque no quiso adelantar si acudirá a los tribunales, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, insistió ayer en que el gobierno no puede dar paso a las leyes de retiro temprano de empleados públicos porque no ha explicado cómo pagará por estos beneficios y cómo esta decisión podría resultar en la pérdida de unos 17,000 puestos de trabajo en el sector público si estos empleados no son reemplazados.Según Jaresko, las leyes 80, 81 y 82 de 2020 son "una repetición" de las decisiones que antes tomó el gobierno y que resultaron en la bancarrota de los sistemas de pensiones y en la modificación de las pensiones antes de que llegara la JSF."La razón por la que hago esto público es porque aquí hay vidas en riesgo. Los empleados públicos no deben estar tomando decisiones o planificando su retiro hasta que esto no se resuelva", dijo Jaresko.Según Jaresko, desde principios de año, la JSF y el gobierno están encontrados por las leyes en controversia sin que la administración de Wanda Vázquez Garced haya explicado cómo pagarán los beneficios prometidos a miles de empleados públicos justo en medio de la pandemia del coronavirus.Cuestionada en torno a la posibilidad de otra demanda contra el gobierno, Jaresko dijo que la JSF se reserva los derechos que posee bajo la ley federal Promesa.Hoy vence el plazo que dio Jaresko para que la administración Vázquez Garced explique cómo implementará los estatutos.La semana pasada, Jaresko escribió una carta al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, para pedirle que dejara sin efecto la implementación de los estatutos. En la carta, Jaresko indicó que si el gobierno da paso a las leyes 80, 81 y 82 estaría obligado a reducir sus costos, lo que podría requerir el despido de empleados públicos.La Junta es "obstinada"Ayer, la gobernadora aseguró que no habrá despidos en el gobierno y que mantiene conversaciones con la JSF para encontrar una solución a las medidas que convirtió en ley justo antes de la primaria contra Pedro Pierluisi y en la que resultó perdedora."Nuestro gobierno le ha entregado a la JSF toda la información que han solicitado en referencia a las leyes 80, 81 y 82. La JSF se ha mostrado obstinada en no aceptar las leyes de pre-retiro", dijo por su parte Marrero en declaraciones escritas."Incluso, (la JSF) cursaron una comunicación al gobierno de Puerto Rico en la que cuestionaron las leyes sin siquiera esperar...

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