Justicia se lava las manos
Por Yanira Hernández Cabiya
yanira.hernandez@gfrmedia.com
El senador era investigado por denuncias del presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR), Ángel González, en las que se alegaba que Iglesias había firmado como ingeniero sin serlo en al menos tres contratos con municipios y agencias gubernamentales.
Además, se alegaba que Iglesias ofreció y obtuvo contratos para ofrecer servicios de ingeniería a través de la corporación regular Engineering y Communication Group (EyC Group) a pesar de que la Ley 173, que rige la práctica de esa profesión, establece que solo corporaciones profesionales pueden realizar ese tipo de trabajos.
"Se determinó que no existía la comisión de un delito porque conforme a la evaluación esa persona (Iglesias) no estaba ejerciendo la práctica de la ingeniería cuando se firmaron los contratos de AFI (Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura) ni con los municipios", dijo Maricarmen Rodríguez Barea, directora de las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor.
En entrevista con este diario, Rodríguez Barea explicó que a pesar de que en algunos contratos aparece escrita la palabra ingeniero antes del nombre de Iglesias, eso no implica una violación de ley.
"Eso lo escribe quien prepara el contrato, no él. No encontramos evidencia en la que aparezca, en puño y letra, las siglas de ingeniero previo al nombre (del senador)", dijo la funcionaria.
La Ley 173 de 1988, que rige la práctica de la ingeniería, prohibe usar "o anunciar en relación con su nombre, cualquier título, palabra o vocablo o descripción que pueda producir la impresión" de que es un ingeniero autorizado, a menos que esté registrado como tal.
Según Rodríguez Barea, los contratos de la empresa EyC Group con los municipios de Arroyo y Guayama eran para realizar labores administrativas.
"Eran funciones administrativas, no eran de ingeniero. Nosotros tenemos declaraciones juradas de ingenieros licenciados que dirigieron esos proyectos y dijeron que las funciones no eran de ingeniero", indicó.
Sin embargo, los contratos, copia de los cuales están en poder de El Nuevo Día, establecen que la empresa, entonces presidida por Iglesias, debía inspeccionar varias obras de construcción en esos pueblos.
La Ley 173 específicamente establece que las inspecciones de proyectos de construcción solo pueden ser realizadas por ingenieros licenciados o compañías profesionales en las que todos sus accionistas...
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