Lanzan argumentos finales
WASHINGTON.- En una sesión oral, los nueve jueces del Tribunal Supremo estadounidense escucharán, el martes, los argumentos de una controversia que pone en juego los nombramientos y las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), con potenciales implicaciones para la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.En la audiencia, que pone en marcha la resolución del caso, no solo se debatirá si los nombramientos de la JSF se hicieron de forma inconstitucional, como determinó el Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal, sino si deben ser válidas las decisiones tomadas por los miembros del ente fiscal sobre la reestructuración de la deuda pública de la isla.La misma opinión que emitiera el Primer Circuito de Apelaciones y los intentos por lograr que el máximo foro judicial estadounidense, entre a revisar la jurisprudencia de los llamados Casos Insulares, abren la puerta a debatir en la sesión el caso político de Puerto Rico.La sesión del martes será la tercera audiencia oral del tribunal en los últimos 45 meses sobre una controversia que, en alguna medida, salpica las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos.Las otras dos fueron, en enero y marzo de 2016, respectivamente, sobre la doble exposición en casos criminales (Sánchez Valle versus el pueblo de Puerto Rico), y la ley criolla de quiebras (Franklin versus Acosta Febo)."Cuando llegan a la audiencia, los jueces han examinado de arriba a abajo los argumentos. Llegarán con las dudas y preguntas que han pensado de antemano", indicó el constitucionalista Carlos E. Ramos González, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.Desde junio pasado, el Tribunal Supremo de EE.UU. decidió pasar revista sobre la decisión del 15 de febrero de este mismo año del Primer Circuito de Apelaciones federales, que determinó que los miembros del ente fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno electo de la isla son funcionarios federales principales, no territoriales, y que por ello fueron nombrados de forma inconstitucional.No obstante, el foro de apelaciones validó sus acciones y ha permitido que los siete miembros de la JSF sigan tomando decisiones tan significativas como la propuesta hacia todo el plan de ajuste de las obligaciones del gobierno de Puerto Rico -que al sumar los sistemas de retiro- ronda los $125,000 millones.Para el Primer Circuito, el mecanismo por el cual fueron designados los miembros de la JSF violenta la cláusula constitucional de nombramientos, que requiere que el presidente de EE.UU. nombre a los funcionarios federales principales con el consejo y consentimiento del Senado.Por medio de la ley Promesa, seis de los siete...
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