El largo historial de extracción

Desde la década de 1990, el gobierno central ha retirado miles de millones de dólares de las arcas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), una de las pocas corporaciones públicas autosuficientes, que, sin embargo, necesita reclutar personal y ampliar los servicios que ofrece a los trabajadores lesionados.El Nuevo Día tuvo acceso a la lista de fondos extraídos, por mandato de leyes especiales, según la información recopilada por la corporación pública. Desde 1991, han sido 23 transferencias y extracciones de fondos por la cantidad de $1,427 millones, casi la totalidad de ellas para fines ajenos al propósito por el cual se creó el Fondo del Seguro del Estado.Esta lista histórica es relevante dada la discusión del proyecto de la administración de Pedro Pierluisi para retirar $165 millones de la CFSE para mitigar el alza tarifario que pagarán los consumidores en las facturas de agua potable y energía eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica recibirá $145 millones de ese total."En términos de gerencia publica, es imposible apoyar esa iniciativa cuando es algo a corto plazo, que pone en riesgo otra corporación pública, que tiene una labor relacionada a la salud pública", opinó la profesora jubilada de Administración Pública Palmira Ríos."Se está proponiendo retirar fondos de una corporación autosuficiente a una que lleva arrastrando un gran déficit y endeudamiento. Estamos evitando atender el problema de la energía eléctrica, que nos requiere repensar por completo el modelo", agregó Ríos.Esta práctica comenzó en 1991, bajo la administración de Rafael Hernández Colón, con una primera extracción de $35 millones para crear el Fondo de Viviendas para Trabajadores.Entonces, el exgobernador Hernández Colón justificó la transferencia al argumentar que eran fondos no recurrentes producto del rendimiento en intereses de las inversiones de la entidad. "Dada la naturaleza no recurrente de estos dineros, no es posible utilizarlos para ampliar los gastos de funcionamiento del Fondo o los beneficios permanentes a los trabajadores", detalló en la exposición de motivos de la Ley 59 del 9 de agosto de 1991.El estatuto creó un fondo para establecer un programa "permanente" de vivienda, así como otros proyectos especiales "en ampliación de servicios a los trabajadores". Lo denominó como una medida de "justicia social", pues la idea era otorgar una unidad de vivienda por obrero lesionado o fallecido a los que le sobrevivieran cónyuge e hijos...

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