Un largo reclamo de justicia
Por Keila López Alicea
keila.lopez@elnuevodia.com
Armada con el conocimiento de leyes estatales y federales que ha adquirido durante la última década, Cruz lucha día a día para que sus retoños -todos parte del Programa de Educación Especial- puedan aprender de una forma que no ponga en riesgo su salud y que tome en cuenta las condiciones que cada uno tiene.
"La ley dice que ellos tienen derecho a una educación pública de calidad y apropiada. Esa educación apropiada se refiere a que tiene que ser en la escuela apropiada, con los equipos apropiados, con los servicios apropiados", sostuvo Cruz.
Al igual que esta madre residente en Bayamón, cientos -si no miles- de familias puertorriqueñas batallan todos los días contra el Departamento de Educación para que sus hijos con impedimentos físicos o mentales puedan participar del proceso de enseñanza y aprendizaje en un salón de clases con los acomodos y servicios que requieren. Muchas de estas batallas terminan como historias de éxito, otras nunca tienen fin, pero todas tienen un asunto en común: nacieron como parte del legado del pleito de clase Rosa Lydia Vélez.
En 1980, los menores de edad con impedimentos en Puerto Rico apenas tenían oportunidades educativas. Muchos nunca salían de sus casas, atrapados por causa de una sociedad que desconocía cómo servir a una población tan necesitada.
"Uno de los logros del pleito es que se logró dar visibilidad a la población con impedimentos. Ahora todo el mundo habla del tema, todo el mundo sabe lo que es Educación Especial y los padres saben que sus hijos tienen derechos", sostuvo Carmen Warren, presidenta del Comité Timón de Padres de Niños con Impedimentos, que agrupa a los demandantes en el pleito de clase.
Hace apenas 55 años que se estableció la educación especial en Puerto Rico. En 1958, 18 estudiantes con retardación mental leve fueron agrupados en un salón en la escuela Luis Muñoz Rivera de Bayamón y, por primera vez, recibieron instrucción pública formal.
Pero el proceso para que los niños y niñas con problemas de aprendizaje reciban servicios educativos -lo cual está garantizado por la Constitución de Puerto Rico- ha sido cuesta arriba desde sus inicios. Cuando Rosa Lydia Vélez y otras siete familias presentaron una demanda contra el entonces Departamento de Instrucción Pública por no atender a sus hijos, tomó menos de un año para que un juez lo certificara como un pleito de clase porque era una situación a gran escala.
El pleito de clase se basa...
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