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A largo plazo posibles enmiendas

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Vincent

WASHINGTON.- Cuatro años después, las posibilidades de conseguir que el Congreso, por lo menos, reforme la ley Promesa -que hundió a Puerto Rico en su status colonial y ofreció un mecanismo para reestructurar su deuda pública- no están cerca.Mientras no haya consenso para derogar o enmendar la ley federal, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que se creó para controlar las finanzas públicas de Puerto Rico seguirá por encima del gobierno electo, por lo menos, hasta junio de 2025.Antes del receso de agosto, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), prevé aprobar en su comité su proyecto dirigido a enmendar Promesa, que, entre otras cosas, busca asegurarle $800 millones anuales a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y cancelar cerca de $21,000 millones de la deuda pública.Pero, sin un nuevo mecanismo que asegure la estabilidad financiera de Puerto Rico y ante el desinterés del liderato republicano en suavizar el estatuto, Grijalva acentuó que lo posible es presionar a favor de su legislación, con la idea de tratar de aprobarla en el pleno cameral este año y la esperanza de que sirva de guía al debate en 2021, el cual espera tenga lugar con Joseph Biden como presidente y los demócratas en control del Senado y la Cámara baja."Uno tiene que ver la ley como una reacción a la crisis", dijo Grijalva, quien quiere definir -frente a las objeciones de la propia JSF- como servicios públicos esenciales la salud, educación y seguridad, cancelar deuda no asegurada y declarar públicos los documentos sobre la deuda.Pese a su rechazo a casi toda la medida, la JSF y algunos republicanos han abierto la puerta, sin embargo, al apartado de la legislación que pudiera evitar los conflictos de intereses de contratistas del ente fiscal."Son propuestas utópicas" que no han sido negociadas con los republicanos, que controlan el Senado, dijo en la más reciente audiencia del comité la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, quien respalda evitar conflictos de intereses de los contratistas.La ley Promesa -producto de las negociaciones entre el gobierno del presidente Barack Obama y la entonces mayoría republicana en la Cámara baja y el Senado- cumple hoy cuatro años. Fue aprobada el 9 de junio de 2016 en la Cámara baja, y 23 días después, sin cambiarle una coma, en el Senado. Obama la firmó el 30 de junio.Este cuatrienio, el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado no ha tenido en...

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