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El legado de la Junta

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Vincent

Al cabo de tres años, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sentó las bases para una cultura de disciplina fiscal en Puerto Rico y completó la renegociación de una tercera parte de la deuda bajo el Título III de la ley Promesa, pero su desempeño ha sido errático, costoso y plagado de controversias, según varios entrevistados.El organismo fiscal completó su mandato con la radicación del plan de ajuste del gobierno central, al viabilizar el pago de las pensiones de los empleados públicos y un acuerdo preliminar en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aunque plagado de cuestionamientos sobre sus posibilidades económicas.El legado de la JSF se discute ahora que los directivos del organismo fiscal terminaron oficialmente su mandato de tres años y están a la espera de ser renominados o sustituidos por el presidente Donald Trump. Asimismo, con toda probabilidad, el desempeño de la JSF será tema de discusión mañana, cuando la Corte Suprema examine la constitucionalidad del organismo.Por tratarse de una entidad adscrita al gobierno de Puerto Rico, pero a la que no le aplican las leyes del territorio estadounidense, su trabajo ha sido pagado por los contribuyentes de la isla con una asignación presupuestaria que al cabo del trienio rondaría los $180 millones."Esta ha sido una experiencia novel para todo el mundo. Es un gobierno que no se diseñó para tener una junta que rendirle cuentas y una Constitución en la que no se contempló nunca una insolvencia", indicó el economista Gustavo Vélez, quien fue propulsor -junto con muchos en el sector privado e incluso, los bonistas- de un ente supervisor de las finanzas públicas de la isla. Ello, luego de casi 15 años de presupuestos deficitarios y una contracción económica que ya marcaba una década.De acuerdo con el economista, al cabo de tres años, a la JSF se le pueden reconocer varios aciertos.Entre estos, haber promovido varias estructuras de divulgación sobre las finanzas del gobierno y haber tomado acciones afirmativas durante el paso del huracán María. Específicamente, la autorización inmediata de una reasignación presupuestaria de $1,000 millones para responder al desastre."Creo que, a la Junta, se le puede dar crédito por atender el asunto de las pensiones", indicó, por su parte, el abogado John Mudd, en referencia a la aprobación de la Ley 106 de 2017, que creó el sistema "PayGo".El presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), David González, coincidió al plantear que la JSF ha...

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